Hace siete años que Portoviejo espera la reconstrucción de su Palacio de Justicia. El ansiado proyecto está lejos de cumplirse y no por falta de recursos, sino por la mala administración de la obra, que comenzó en noviembre de 2019.

La Contraloría General aprobó el pasado 28 de febrero el informe DNA1-0031-2023. Una de sus conclusiones señala que el Consejo de la Judicatura pagó $ 1,2 millones sin justificación. “Se efectuaron pagos sin los documentos técnicos justificativos, pues se incumplieron las especificaciones técnicas en varios rubros al no contar con pruebas completas e integrales de los sistemas para su funcionamiento”, dice el informe.

De forma más concreta, los auditores señalan que hay aspectos como el rubro arquitectónico, la calidad del hormigón armado, el sistema contra incendios, el aire acondicionado y los ascensores que no cumplieron con las especificaciones solicitadas en la fase precontractual. “No consta en los expedientes la realización de pruebas de funcionamiento integral y protocolos de control de los rubros”.

En el caso del hormigón armado, en la planilla de pago a la contratista constaron los resultados de laboratorio de ensayos de comprensión simple, “que no cumplieron lo dispuesto para el control de calidad”.

En noviembre de 2022 se cumplió el plazo para que la obra sea entregada. Pero entonces el contratista, del consorcio RPJ, justificó el incumplimiento al asegurar que el Palacio de Justicia de Portoviejo tendría “daños estructurales”, producto del terremoto de 2016.

EXPRESO solicitó a la Judicatura, desde el martes 25 de abril, una entrevista. Seguimos en la espera de una respuesta.

Para la Contraloría, al pago en sin justificación otro desembolso por $ 57.998 por más cantidades que no ejecutaron. “Se pagó planillas con cantidad de obras mayores a las ejecutadas, correspondientes a los rubros arquitectónicos debido a la falta de verificación y seguimiento de la fiscalización”.

Estos pagos sin sustento representan el 24 % del valor de la obra, que alcanza los 4,8 millones. Sin embargo, los auditores destacan que no se conoce el avance o porcentaje de ejecución real, pues se ha incumplido los plazos de entrega, previstos para 270 días, pero han pasado más de 1.260 días.

Este Diario buscó al representante del consorcio, pero no se le ubicó en el teléfono que registra en el Sercop.

En su informe, la Contraloría detalla que desde el inicio de la obra hubo problemas. En la fase precontractual, la Judicatura recibió 27 ofertas. Descalificó a todas menos al Consorcio RPJ, que tenía “inconsistencias en los precios unitarios”. Además, presentó formularios con errores y no presentó la ruta crítica “ocasionando que se adjudique el contrato de un oferente que no cumplió con los requisitos establecidos en los documentos precontractuales”. Uno de los oferentes descalificados denunció al Sercop esta inconsistencia. Dijo que la Judicatura incluso recibió 17 ofertas más baratas. La menor era del Consorcio Trece Ingenieros, por 4,3 millones. Es decir, $ 724.870 más barato de lo que se contrató.

Hoy la obra está suspendida. Alrededor hay vallas metálicas que impiden su ingreso. El 18 de abril, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, visitó el Palacio de Justicia de Portoviejo, pero no pasó del primer piso. “No quiso recorrer más el edificio, dijo que no iba a ver obras inconclusas”, comentó Adolfo Castro, según recoge El Diario de Manabí.

El abogado George Farfán, del colectivo Y la Corte pa’ Cuándo, cuenta que en aquella visita le pidieron una entrevista al representante de la Judicatura para hablar de la obra. “Nos respondió que su agenda está muy ocupada y no les podía atender”.

El activista dice que los vecinos del sector informan que por la noche se mete gente a dormir en las instalaciones. Lo único que puede hacer es seguir protestando.

• Pólizas. Según el Servicio de Contratación Pública (Sercop), las pólizas de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo ya caducaron el 9 de enero de 2021.

• Silencio. El 18 de abril, los periodistas de Portoviejo le preguntaron a Wilman Terán sobre el edificio y el contrato, pero según El Diario no quiso responder.

• Contratista. El 9 de diciembre, el Consorcio RPJ dijo que no entregó la obra por fallas estructurales detectadas (fisuras en una viga) y por la falta de pago de las planillas.