Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, consiguió que la jueza Cecilia Pareja Quezada conceda parcialmente la acción de protección que presentó en contra del presidente Guillermo Lasso y del Ministerio de Finanzas.

Pero no por el recurso que presentó y en el que demandaba más de 200 millones de dólares sino porque con él se presentaron varias víctimas de la Función Judicial: abogados, empleados, exempleados, usuarios.

Así, la Judicatura, el Ministerio de Finanzas y Senplades deberán reunirse en una mesa técnica para definir los proyectos que deberán priorizarse. Para ello deben tomar en consideración de la garantía judicial efectiva, según los requerimientos propios, tecnológicos y necesarios. Tienen 30 días para ponerse de acuerdo y presentar un informe técnico al ente de planificación.

Los proyectos deben presentarse de forma urgente para que tengan el financiamiento respectivo. La Defensoría del Pueblo para que actúe en la causa.

Precisó que ella no puede evaluar, fiscalizar o auditar la ejecución del presupuesto de la Judicatura que según Finanzas no han sido ejecutados en su totalidad y en muchos casos parte del presupuesto ha sido devuelto.

Para muchos de los reclamos consideró que había vías distintas a la acción de protección.

La resolución fue anunciada la tarde de este viernes 21 de abril en una audiencia virtual. Fue la tercera diligencia. Las dos anteriores habían sido transmitidas en vivo y en directo por la cuenta oficial de la Judicatura. Interrupciones e incidentes motivaron a la suspensión. Previo a anunciar su decisión la jueza escuchó los alegatos de las partes y sus planteamientos.

Les aclaró que desde el 4 de abril en que se presentó la acción ella se había venido formando un criterio, había leído los amicus curiae que se presentaron así como las pruebas presentadas. Entre sus precisiones dejó claro que así Wilman Terán se presente como ciudadano los resultados de la reparación eran para ejercer sus funciones constitucionales y legales como presidente del Consejo, lo que está prohibido por resoluciones de la Corte Constitucional.

(Le puede interesar leer: "Wilman Terán es un peligro")

En casi 20 minutos la jueza desglosó su fallo. En conclusión decidió aceptar parcialmente la acción de protección propuesta por Alexander Barahona y otros. Declaró que el Ministerio de Finanzas y el Consejo de la Judicatura han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la prestación de su servicio de manera eficiente a los usuarios.

La jueza no dio paso que se condene en costas y se multe a Wilman Terán como accionante por haber deslegitimado la acción como pidieron los demandados.