Este miércoles 19 de abril la jueza Olga Cecilia Pareja Quezada podría disponer que el Ministerio de Finanzas desembolse más de 200 millones de dólares que solicitó Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura como ciudadano.

La jueza ha convocado a las 09:00 de este miércoles para la reinstalación de la audiencia de acción de protección que presentó Terán en contra del presidente Guillermo Lasso y del ministro de Finanzas Pablo Arosemena.

¿En qué gasta la Judicatura el presupuesto? Información del Ministerio de Finanzas revela que casi el 92 % se destina al pago de personal.

En cambio para la adquisición de bienes y servicios de consumo (combustible de vehículos de la entidad, papelería, tinta para impresoras y otros) solo se destina un 4,6 %. Precisamente la queja de abogados, usuarios y personal judicial es por la carencia de insumos.

Finanzas reporta que el presupuesto inicial para este año es de 345 millones de dólares, de los cuales en el primer trimestre de este año para gastos se han devengado 79,9 millones y se ha pagado 79 millones.

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El presupuesto del Consejo también contempla otros egresos corrientes, transferencias o donaciones corrientes, egresos en personal para inversión, bienes de larga duración en los que se sitúa a propiedad planta y equipo y otros pasivos.

Durante la audiencia de acción de protección la delegada de Finanzas informó a la jueza que en 10 años se entregaron 4.497 millones al Consejo. Pero la Judicatura no habría ejecutado 500 millones. Indicó que solo en 2022 el 47,32 % fue la ejecución neta del Consejo.

Pero la Judicatura lo niega. Afirmó que no es correcta y no tiene un sustento técnico. Explicó que en el período mencionado, el Ministerio entregó a la Función Judicial 4.298,7 millones. Justificó que de ese monto, en promedio se devengó el 96,91 % y que solo el 3,09 %, eso es 141,2 millones, no fueron ejecutados “por cuestiones procedimentales”.

El Consejo cuestiona que Finanzas no entrega dinero para jubilaciones, para el incremento de al menos 600 jueces o para el proceso de recalificación de fiscales y notarios. Precisamente el concurso para elegir fiscales provinciales motivó un impase con la fiscal Diana Salazar, quien sentenció que no permitirá que se repartan la Fiscalía.

Su posición se dio por la intención de la nueva mayoría en el pleno del Consejo integrada por Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz de llevar adelante la elección de fiscales antes que la evaluación de fiscales que es una de las deudas de ese ente desde 2019 y que permitiría contar con candidatos a esos cargos. A finales de marzo se revocó el proceso de evaluación de esos funcionarios con el argumento de que existían fallas en la información de Fiscalía.

Entre las deudas de la Judicatura se mencionan procesos de selección de jueces de todos los niveles, de fiscales, defensores públicos, secretarios, ayudantes judiciales y demás personal judicial. De los aproximadamente 11.814 servidores judiciales, alrededor de 1.949 son jueces y conjueces, 5.377 personal de nivel jerárquico superior y personal administrativo. De los 1.949 jueces y conjueces existe un juez con nombramiento provisional, 1.914 tienen nombramiento y 34 son jueces temporales.

Datos

• Desde la renuncia de María del Carmen Maldonado, la Judicatura ha tenido tres presidentes y dos mayorías en el pleno.
• Fausto Murillo permaneció en el cargo tras ser apoyado por Juan José Morillo y Maribel Barreno.
• Álvaro Román estuvo en el cargo hasta que el Consejo de Participación escogió a Wilman Terán de la terna enviada por Iván Saquicela, presidente de la Corte.
• Gestión. Uno de los cuestionamientos para el Consejo es que la técnica dice que solo el 30 % de personal debería ser de apoyo, pero ese ente tendría 49 %.