A la presentación de una acción de protección, una herramienta netamente jurídica, le siguió una estrategia de comunicación: la gira de medios del presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y la difusión de piezas de videos en las redes de la Judicatura, que intentan posesionar la idea de que la Judicatura necesita más recursos para solucionar el pésimo servicio de justicia.

Los 348 millones de dólares que recibe al año no son suficientes. La Judicatura muestra, en su video, la pintura descascarada y la infraestructura corroída por la falta de mantenimiento. Pisos rotos y desgastados, bandejas que recogen el agua de lluvia que se filtra por los techos llenos de goteras, expedientes húmedos y enmohecido. A las imágenes se acompaña una música lastimera y un mensaje claro: el déficit presupuestario de 265,6 millones de dólares, según Terán, repercute en el servicio que se brinda al ciudadano y vulnera sus derechos.

El próximo 10 de abril podrá presentar estos mismos argumentos ante la jueza Cecilia Pareja, que conoce la acción de protección. Según Terán se trata de una demanda a título personal, pero con la maquinaria de comunicación institucional. Por ahora, exhibe sus argumentos por la vía del debate público, que golpea a un gobierno, cuya permanencia es incierta. 

“Hemos visto que no hay papel ni tóner, los baños no tienen ni papel higiénico. Todo es caótico y desde ese punto de vista, el reclamo es adecuado", dice Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Sin embargo, el jurista dice que la solución de la crisis de la justicia no es solo la falta de recursos. "No solo con este reclamo, ni con el valor que se cancele a la Función Judicial, estaría todo en orden, porque hay otras falencias”. Falencias como la corrupción y el abuso de las acciones constitucionales, agrega.

La respuesta del gobierno no tarda. Llegó el mismo lunes 3 de abril y también de forma pública. A través de un comunicado cuestiona la gestión de la Judicatura, que de los 348 millones utiliza 319, es decir el 91,6 % para pagar los sueldos del personal y a penas el asigna 7,5 millones para su Plan Anual de Inversiones. Además del monto tan bajo, el Ministerio de Economía y Finanzas critica que solo se ha ejecutado el 2 %.

Así comienza el nuevo desencuentro entre el gobierno nacional y el Consejo de la Judicatura (CJ). Antes hubo otro. En junio del año pasado, el presidente Lasso pidió la renuncia de Xavier Muñoz Intriago, alegando que no se siente representado por sus actuaciones en el organismo. Este aseguró que era una intromisión a uno de los poderes del Estado. 

El lunes 3 de abril, apareció Muñoz acompañando a Wilman Terán, en la presentación de la acción de protección. En una declaración de 40 segundos usó dos veces las palabras “valentía, gallardía" e “histórica” para alabar la actuación de Terán. Dijo que había que felicitarlo. “Somos la columna vertebral del Estado de Derecho y la vamos a defender a ultranza”.

Terán, acostumbrado a hablar como si estuviera en un concurso de declamación, aprovechó para lanzar ante los medios de comunicación frases vacías y populistas como: “la violencia no se combate con violencia, se combate con derecho y con contención”. No se refirió a los graves problemas de la justicia como son el abuso de las medidas de acción constitucional, la liberación de delincuentes sentenciados, la corrupción de los jueces y la manipulación del sistema de sorteos para direccionar las causas. Porque  para él, la crisis de la Justicia es por "la falta de voluntad del poder Ejecutivo, no de la Función Judicial".