Aunque Wilman Terán afirmó que la acción de protección que presentó en contra del presidente Guillermo Lasso era a título personal, el peso judicial se sintió en la audiencia. Decenas de jueces, servidores judiciales, abogados, exfuncionarios, jubilados y otros, abarrotaron el auditorio del Complejo Judicial norte este lunes 10 de abril.

Personal de la Judicatura se hizo presente en la sala de audiencias para facilitar la cobertura a la prensa y se permitió que toda la audiencia se grabe.

Además, como nunca antes, la audiencia completa fue transmitida por la cuenta de Facebook del Consejo de la Judicatura. Antes de la instalación de la diligencia a cargo de la jueza Olga Cecilia Pareja Quezada se solventaron incidentes debido a posibles anomalías en las notificaciones de los anexos del recurso.

Teniendo al principal de la Judicatura al frente, la jueza Pareja anunció que se prohibían aplausos, abucheos o cualquier manifestación de respaldo debido a que no era un mitin político.

El monopolio de la palabra durante más de cinco horas lo tuvo Wilman Terán, el accionante quien primero tuvo 20 minutos para exponer sus alegatos.

Culpó de todos los males de la justicia al Gobierno y a la falta de asignación presupuestaria. Para él, la falta de personal provoca la demora en el despacho de las causas y esa tardanza es por la limitada capacidad. Es más, consideró un ataque planificado para el desprestigio de la función judicial.

Anunció la presencia de unas 20 víctimas de la indolencia del Ejecutivo por no dotar de recursos. Habló de vulneraciones de derechos y les presentó sus historias. Se sentaron frente a la jueza y hablaron de tragedias, muchas de las cuales iniciaron con despidos ocurridos en el correísmo.

Marcel Burbano, un juez de Pimampiro, se quejó porque trabaja 17 horas y no le pagan horas extras desde hace cinco años y por la limitación de tiempo no ha podido compartir con sus hijos.

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Habló de la humedad en la unidad en la que trabaja y donde no tiene ni una silla. Se presentaron entre las víctimas funcionarios despedidos en 2015 o antes a quienes se reintegró con acciones judiciales y cuyos pagos no se han podido cumplir por falta de dinero. Hubo funcionarias que hablaron de sus pedidos de jubilación que no han sido aceptados igualmente por falta de dinero.

Un chofer expuso la situación de los automotores de la Función Judicial que por no tener recursos no pueden pasar ni siquiera las revisiones vehiculares. Incluso acusó que uno de los conductores de la Corte murió en un accidente por la falta de mantenimiento del vehículo que manejaba.

Las preguntas que Terán les formuló giraron en torno a: “¿Ha sido falta de voluntad no cubrir la orden judicial de pagos? La respuesta apuntó a la falta de presupuesto y recursos que debe asignar el Ministerio de Finanzas.

Las víctimas siguieron tras un receso. Para ellos si todo funcionaba mal es por falta de recursos. Es más, de los atrasos e incumplimientos de la Judicatura para impulsar concursos de jueces o evaluaciones judiciales también se responsabilizó al Ejecutivo.

Cerca de las 17:00, la representante de Finanzas informó a la jueza que en 10 años entregaron 4.497 millones al Consejo de los cuales la Judicatura no ejecutó 500 millones. Solo en 2022 el 47,32 %, fue la ejecución neta del Consejo. Al cierre de esta Edición la audiencia continuaba. 

El detalle

Respaldo. Aunque la llegada de Terán significó la desvinculación de decenas de servidores con contratos provisionales, la defensa al funcionario fue cerrada.