“No es de ahora el consumo y tráfico de drogas en los planteles. El año pasado me tocó un alumno de 12 años, me di cuenta de que estaba drogado: tenía los ojos rojos, se dormía en clases, tenía actitud rebelde. No fue el único caso”, revela Ana, maestra de un colegio público del noroeste de Guayaquil.

Cuenta que los familiares del menor sabían de la adicción. ¿La ‘solución’? Lo retiraron del centro educativo. La profesora considera oportuno el momento de tirar abajo la prohibición de revisar las mochilas de los estudiantes. “Estoy segura de que ninguna autoridad educativa en altos cargos estará de acuerdo con esta propuesta (ministros). Ellos no experimentan los peligros que vivimos”, indica Ana.

Laura, moradora de la cooperativa Nueva Prosperina, dice que la medida del Gobierno es declarar clases virtuales. No se opone a ello, pero opina que deben de considerar que varios de los alumnos o sus familiares han sido víctimas de robos. “¿Con qué estudian si tienen a varios hijos y un solo teléfono? Y no todos tenemos wifi. El Estado hablaba de la conectividad, pero ni siquiera logra ‘conectarse’ con las necesidades del pueblo”, declara con indignación.

“Hay que hacer como en la ‘Peni’. Los policías deben entrar a los colegios, revisar y hacer decomisos. Los chicos se están perdiendo y no se hace nada”, expresa con decepción.

El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina, sostiene que en junio de este año la institución propuso el proyecto Policía Escolar: uno o dos agentes en el plantel (según la cantidad del alumnado). “Que los estudiantes nos den la información, así nacen las investigaciones. (Que digan) Este vende drogas, lleva armas. Allí en flagrancia podemos intervenir, pero el Ministerio de Educación nos prohíbe entrar”, indica Santamaría, quien manifiesta que la presencia de uniformados en los planteles es una norma en otros países.

Apenas les han permitido organizar ferias de seguridad ciudadana, en las que les recalcan a los chicos que no se involucren con las economías criminales, que no se dejen reclutar, etcétera.

El exministro de Educación Ivo Orellana es determinante en su análisis. “La ministra Brown solo habla de estadísticas, no de prevención. Las propuestas no pueden venir de tecnócratas de escritorio. Hay más de 200.000 estudiantes que han abandonado el sistema educativo y nadie dice nada”, enfatiza.     (RAD)

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