De acuerdo con los estándares éticos del Partido Social Cristiano, una cosa es que una de sus asambleístas se aleje de la línea partidaria en un tema que se discute en la Asamblea y otra que uno de sus miembros aparezca involucrado en un terrible escándalo de corrupción destapado por la Fiscalía y que, como agravante, tiene posibles relaciones con el narcotráfico.

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A la primera, en apenas dos días, se la expulsa de sus filas con un proceso sumario y al segundo se lo prefiere mantener dentro y ni siquiera pedirle que dé un paso al costado hasta que la justicia se haya pronunciado.

Este es el caso de Lucía Jaramillo, a quien el nebotismo la expulsó de la bancada del PSC por su decisión de votar a favor del aumento del IVA. Mientras que en el caso de Pablo Muentes no se le ha sugerido siquiera que se haga a un lado hasta que la justicia formule un dictamen sobre él.

En el caso de Jaramillo, expulsarla de las filas del PSC no tenía mayores costos: apenas un voto menos y, por el contrario, algunos beneficios como lanzar un mensaje populista de que no se perdona que se aumenten los impuestos en el país. Con Muentes, en cambio, la cosa es distinta: a él hay que protegerlo y protegerlo bonito porque ni es bueno que crear un escándalo tendiéndole una mano, pero tampoco es bueno desampararlo porque siempre se corre el riesgo de que suelte información que puede afectar a los jerarcas, sobre todo a Jaime Nebot.

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Por eso, en lugar de expulsarlo, como ocurrió con Jaramillo, se prefirió hacer la del equilibrista: por un lado, anunciar que se deslindaban de los actos por los que se le inculpa a Muentes y decir que la justicia debe actuar libremente y, por otro, no mover ni un solo dedo para sancionarlo o, en su defecto, pedirle que se retire del partido al menos hasta que se sepa si lo que hizo es delito o no.

Para entender este delicado equilibrio que ha tenido que hacer el nebotismo en este caso, hay que considerar lo que Muentes significa. Para comenzar, está el hecho de que por haber sido el operador político más importante de Jaime Nebot desde que J.J. Franco, el otro operador, tuvo que abandonar el país también por enredos con la Fiscalía, tiene una inmensa cantidad de información, mucha de la cual es de altísima sensibilidad.

Que Muentes decida colaborar con la justicia es algo que la dirigencia del PSC no puede permitir que ocurra ni siquiera en sueños porque, en efecto, este personaje sabe mucho sobre las operaciones que el nebotismo desplegó para mantener el control de la justicia, sobre todo en la provincia del Guayas.

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Esta posibilidad se hace más angustiosa para el socialcristianismo, si se toma en cuenta que Mayra Salazar, la bisagra de las conexiones entre políticos corruptos y narcos en Metástasis y Purga, decidió colaborar y para colmo tenía un fuerte vínculo con Muentes, quien pagaba de su bolsillo su sueldo.

Entonces, que Muentes y Mayra Salazar decidan colaborar con la justicia para aligerar sus más que posibles condenas es, sin duda, una posibilidad de que debe haber medido la dirigencia nebotista. Por todo esto, sin duda, es que en el PSC no se ha escuchado ni una recriminación fuerte con relación a Muentes: todo ha sido tratado con inmensa asepsia, sin regaños ni inculpaciones, pero tampoco con defensas que despierten más suspicacias de las que ya abundan.

La posición del partido con Muentes, muy distinta que la que tuvo con Lucía Jaramillo, también se explica por un compás de espera frente al caso Purga. Para las cúpulas del nebotismo, es necesario saber qué más tiene la fiscal Diana Salazar contra él o qué otro escándalo podría estallar en las próximas semanas, antes de pronunciarse contundentemente sobre el caso.

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Pero no marcar mayor distancia de Muentes tiene también un precio que muy posiblemente el PSC y el Gobierno tendrán que pagar tarde o temprano. Tener en sus filas a un personaje tan manchado como él, sin duda es un motivo para que el gobierno de Daniel Noboa no se sienta cómodo de sostener un acuerdo legislativo con el socialcristianismo.

Aún más si sigue como viceministro de Gobierno Esteban Torres, exmiembro de la bancada socialcristiana y conocido por su inmensa cercanía con Muentes. Esa relación, sin duda, aumenta la cantidad de sospechas y suspicacias alrededor del acuerdo legislativo que hay entre el Gobierno y el socialcristianismo de Jaime Nebot.

Aunque el Gobierno no se ha pronunciado ni el presidente Daniel Noboa ha pedido una explicación pública al PSC por todas las cochinadas que aparecieron en Purga, lo cierto es que el escándalo le resta legitimidad y prestigio al pacto legislativo de gobernabilidad. Seguir en el acuerdo sin que el PSC no haga algo más fuerte con respecto a Muentes, no solo es desgastante, sino que marca con fuerza los problemas éticos de estar aliado con ese partido en la Asamblea Nacional.

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