Destituir a los jueces del caso Purga es un camino largo y pedregoso. Al ser un proceso disciplinario y administrativo, que se lleva al interior del Consejo de la Judicatura, es necesario cumplir con todos los requisitos, uno de estos es contar con una declaración de error inexcusable o negligencia.

(También puede leer: Verónica Sarauz: “Purga, Metástasis y el crimen de Fernando se juntan”)

Esto implica que un juez superior revisa la actuación de los hoy procesados y declara que han actuado en contra de la ley. Luego, en el ámbito administrativo el proceso requiere de la presentación de pruebas y descargos, entrevistas con afectados o testigos, informes jurídicos y técnicos, lo que podría demorar meses.

Mientras tanto, los funcionarios pueden seguir cobrando sueldos, como ocurrió con el exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien, a través de los bordes de la ley, primero pidió licencia y, luego, intentó despachar desde la cárcel.

Con los jueces Johan Marfetán Medina, Fabiola Gallardo, Alberto Lino Tumbaco, Reinaldo Cevallos Cercado, Henry Taylor Terán, Guillermo Valarezo Coello, Alberto Lino Tumbaco y Nelson Ponce Murillo la situación es distinta, según la vocal Solanda Goyes. “Los sueldos están suspendidos”, aseguró a EXPRESO. El presidente del organismo Álvaro Román también fue consultado, pero no respondió hasta la publicación de esta nota.

De acuerdo con Goyes, en este caso se aplicó el art. 269 numeral 5, del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a los sumarios disciplinarios por las faltas graves y gravísimas que se estuviere cometiendo o se pudieran haber cometido.

La norma indica que la suspensión sin sueldo de un juez tiene como fin evitar que se siga afectando el sistema de administración de justicia.

Al interior del Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces es revisada.

Reinaldo Cevallos, por ejemplo, fue quien falló a favor del exlegislador Social Cristiano Pablo Muentes, en el juicio contra el Banco del Pacífico. Como juez de primera instancia ordenó que la entidad pública pague casi 4 millones de dólares.

A las pocas semanas del fallo recibió un ascenso, pues en 2023, fue designado como juez de la Corte Provincial de Justicia, de la Sala Penal.

Como juez provincial evitó que el magistrado de primera instancia Diego Poma sea destituido por fallar en beneficio de Adolfo Macías, alias Fito, cuando ordenó que sea trasladado a la Cárcel Regional, de donde días más tarde se escapó.

Los otros jueces no tienen un mejor historial de fallos. Marfetan, por ejemplo, fue suspendido en 2015 de su cargo, luego de que el Tribunal que él integraba revocó una sentencia condenatoria de 18 años de prisión dictada en un caso de sicariato. Para lograrlo, indicó la Judicatura, “se vulneró el sistema informático judicial y se eliminaron escritos en los que se solicitaba un recurso de ampliación y aclaración. Esto hizo que la sentencia de ese proceso se ejecutoríe sin haber cumplido el respectivo trámite”.

La Judicatura de 2015 no avanzó más allá de la suspensión y Marfetán recobró su cargo para seguir impartiendo justicia. Otros jueces del caso Purga han tenido en el pasado sumarios administrativos, pero hasta hoy han salido bien librado y han conservado sus cargos.

• Expediente. El caso Purga es una derivación del caso Metástasis que se centra en los presuntos nexos de jueces con redes delictivas.

Un plan para Guayas

La semana pasada, el Consejo de la Judicatura declaró en emergencia la Corte del Guayas y con ello dio paso a la designación de jueces temporales. Ellos solo pueden actuar con la declaratoria de suspensión de los titulares. Varios de ellos tienen medidas cautelares de prisión preventiva dentro del proceso penal, por lo que están físicamente impedidos para despachar. Los funcionarios de la Judicatura trabajan en el Plan de Intervención - Provincia del Guayas. Pues además de la Corte Provincial se necesitan jueces para los Tribunales Distritales Contenciosos Administrativos y Tributarios.