Nepotismo: La lista de Niels Olsen muestra gran parte, pero oculta lo importante

Hay un dicho, que seguramente no pasa los filtros de la corrección política, que dice que la minifalda es tremendamente atractiva porque deja ver la mayor parte pero esconde lo principal. Pues con una ‘minifalda’ salió Niels Olsen luego de haber ofrecido a diestra y siniestra que iba a publicar la lista de los empleados de la Asamblea Nacional que tienen parentesco con asambleístas en funciones y que han sido separados de la institución, sea por despido o por renuncia voluntaria.

En efecto, Olsen publicó en su cuenta de X una lista de 40 funcionarios despedidos, sus funciones y la fecha de su contratación, pero no puso los nombres ni la identidad del asambleísta que los llevó al cargo. La lista solo aporta en decir que de esos 40 asesores desvinculados, 12 eran colaboradores del correísmo, 10 de ADN y 2 del Partido Social Cristiano.

El presidente de la Asamblea, en efecto, mostró la mayor parte, pero ocultó lo principal. Y claro, lo principal es lo principal porque es lo que realmente importa: quiénes son los legisladores que han colocado hijos, primos, cuñados, sobrinos y suegros, etc., ya sean suyos o de sus colegas; porque esa parece ser la fórmula: tu empleas a los míos y yo a los tuyos. Así, la lista Olsen, que prometía ser tan taquillera como la lista Schindler (al menos en Ecuador), terminó siendo una vacua enumeración de cargos que no importan a nadie. Una lista ‘de a luca’, se habría dicho en tono de decepción en tiempos del sucre, cuando mil sucres eran una miseria que no alcanzaba ni para un chocolate.

La justificación de Niels Olsen para esconder los nombres

Para salir con semejante baldazo de agua fría, el presidente de la Asamblea recurrió a un argumento que no es más que una babosada mayúscula: no es posible publicar los nombres porque eso sería violar la Ley de Protección de Datos. Según Olsen, “en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, así como en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, respecto al derecho a la protección y confidencialidad de los datos personales, la Asamblea Nacional garantiza el respeto a la privacidad y el tratamiento adecuado de la información durante este proceso de depuración”.

Pues resulta que el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos señala que el tratamiento de datos personales está exceptuado para personas naturales que utilicen esos datos en la realización de actividades familiares o domésticas, personas fallecidas, datos anonimizados, actividades periodísticas, datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada, datos o base de datos establecidos para la prevención, investigación, detención o enjuiciamiento de infracciones penales, y datos que identifican o hacen identificables a personas jurídicas.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos hace referencia a que los datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada en materia de ejercicio de la libertad de expresión, sectores regulados por normativa específica, gestión de riesgos, desastres naturales, seguridad nacional y defensa del Estado; y los datos personales que deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes y órdenes amparadas en competencias atribuidas en la normativa vigente, estarán sujetos a los principios establecidos en sus propias normas y los principios establecidos en esta ley.

No hay motivos para esconder información de interés público

En realidad, ninguno de los artículos citados por el presidente de la Asamblea puede inhibir la publicación de información de interés o relevancia pública que no afecta ninguno de los casos nombrados. Es evidente que es de interés público que se revelen los nombres de las personas que fueron desvinculadas de la Asamblea y los nombres de los asambleístas con quienes estos están emparentados.

La contratación de parientes para cargos públicos es una irregularidad cometida durante el ejercicio de una actividad pública, y la Ley de Protección de Datos no tiene nada que ver con un tema así. Se trata de información que no tiene relación con la intimidad y la confidencialidad de las personas sancionadas, sino con un tema relacionado con asuntos de interés público: la Asamblea, el posible nepotismo, el gasto de fondos públicos y el nombramiento de funcionarios públicos.

Según abogados consultados, el argumento de Olsen habría sido pertinente en caso de que se publiquen estados financieros personales, correspondencia electrónica o cartas personales, historias clínicas o diagnósticos psicológicos e incluso números de cédula. Nada de eso estaba en la lista chimba del presidente de la Asamblea. Olsen recurrió a una coartada legalista barata para no exponer a los suyos, como Eckenner Recalde, entre otros asambleístas cuyas identidades no quiere que se conozcan.

ADN y el intento de proteger a los suyos, como Eckenner Recalde

La de Olsen fue, pues, una declaración pueril que lo único que hace es proteger las espaldas, sobre todo, de los legisladores afines al noboísmo. Una maniobra grosera, porque este argumento de la protección de datos llega únicamente luego del descubrimiento de que el asambleísta adolescente Dominique Serrano, al que se le sancionó por dibujante, había empleado a allegados de Eckenner Recalde; y este, a su vez, había empleado a parientes de Serrano: básicamente a su mamá. Más claro, la fórmula del yo-empleo-a-los-tuyos-y-tú-a-los-míos.

No es el respeto a la Ley de Protección de Datos lo que impidió a Olsen decir los nombres, sino la necesidad de ocultar los que pudieron haber comprometido la imagen de la bancada noboísta de ADN.

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