Urnas costarricenses: entre la continuidad y un abanico de 19 opciones políticas
La "heredera" de Chaves es la gran favorita en un escenario fragmentado. Un 26% de indecisos podría forzar una segunda vuelta
Un total de 3,7 millones de costarricenses se encaminan a las elecciones del próximo 1 de febrero de 2026, en las que decidirán si mantienen la continuidad del Gobierno de Rodrigo Chaves con la candidata Laura Fernández o apuestan por alguna de las restantes 19 opciones para liderar el país en el periodo 2026-2030.
Estas son las claves del proceso electoral costarricense.
Los candidatos preferidos por los votantes
La oficialista y exministra de Planificación, Laura Fernández; la arquitecta y primera dama entre el 2018 y 2022 Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (centro-izquierda); el economista Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional; el educador Ariel Robles del izquierdista Partido Frente Amplio, y el periodista y líder evangélico del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, son cinco de los principales candidatos según las encuestas.
El último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada este miércoles, coloca a Fernández con un 44 % de apoyo. Sus inmediatos perseguidores son Ramos y Dobles, ambos con un 9 %, mientras que el número de indecisos alcanza el 26 %.
En caso de que el ganador no consigan el 40 % de los votos mínimos requeridos para triunfar en primera vuelta, habrá segunda ronda el próximo 5 de abril.
La "heredera" del presidente Chaves
Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha basado su campaña en denominarse como la "heredera" del movimiento del presidente Rodrigo Chaves, quien ha gozado de una elevada popularidad a lo largo de sus cuatro años de Gobierno.
Entre las propuestas de su plan sobresalen la venta de algunos activos del Estado, la mano dura contra la delincuencia, e incluso la polémica posibilidad de impulsar el levantamiento de garantías individuales en ciertas zonas del país para combatir al crimen organizado, lo que la oposición ha calificado como autoritarismo.
La candidata de 39 años, ha pedido a la población que en las elecciones le den también el voto para los diputados y conseguir una mayoría legislativa que le permita introducir reformas profundas al Estado y a instituciones como el Poder Judicial, al cual Chaves ha criticado con dureza y ha responsabilizado por la inseguridad.
Datos del proceso electoral
Las elecciones en Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes donde no está permitida la reelección consecutiva, se llevarán a cabo el 1 de febrero, donde los costarricenses elegirán presidente, vicepresidentes y diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030.
Para el puesto de presidente hay 20 candidaturas, de ellas el 75 % son hombres y 25 % son mujeres. En el caso de los diputados, hay 1.207 candidaturas, un 49,1% son mujeres y 50,9% son hombres.
El material electoral será distribuido en 7.154 juntas receptoras de votos en 2.179 distritos electorales o consulados.
Una candidata a la presidencia de Costa Rica dice que fue acosada por otro aspirante. https://t.co/FcYivcg1Qj
— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 27, 2026
TSE y Chaves frente a frente
En los últimos meses, el presidente Chaves ha acusado al TSE de aplicarle una "mordaza" durante la campaña electoral, de impulsar un "golpe de Estado" mediante una solicitud de desafuero, que finalmente no prosperó.
El mandato de Chaves se ha caracterizado por criticar a los partidos de oposición, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República y al TSE.
El TSE pidió a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero al presidente Chaves por denuncias de beligerancia política (intervención en asuntos electorales). Sin embargo, el pasado diciembre la oposición no consiguió los votos necesarios en el Congreso para desaforar al mandatario.
En Costa Rica, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
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