La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó a todas sus estructuras el cese al fuego contra las fuerzas militares desde este jueves y hasta el 3 de agosto, cuando comienza oficialmente una tregua bilateral nacional por 180 días pactada con el Gobierno colombiano.

“A partir de las 00 horas del 6 de julio hasta las 00 horas del 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional”, anunció el Comando Central de la guerrilla. 

Se trata de una forma de cumplir el período de “alistamiento” que esa guerrilla y el Gobierno pactaron en La Habana en la tercera ronda de negociaciones y que conlleva un cese al fuego bilateral nacional desde el 3 de agosto, con un periodo desde el 6 de julio de preparación entre las dos partes.

Las estructuras del ELN deberán cesar también acciones de inteligencia a partir de este jueves 6, pero dijeron que mantendrán activados dispositivos de defensa y seguridad “para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil”. 

No obstante, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) son acusados de asesinar este martes 4 a tres policías en el Catatumbo, en el noreste de Colombia. Uno de los uniformados, Samir José Vega, falleció en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), tras recibir un disparo de un francotirador mientras hacía guardia en el sector La Petrolea.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aún no ha firmado el decreto de cese al fuego, un paso necesario, según ha subrayado el ministro de Defensa de ese país, Iván Velásquez, en varias ocasiones para que el Ejército y la Policía cesen sus acciones ofensivas contra la guerrilla. 

“Mientras no haya un cese al fuego en vigor -y esto se produce en el momento que el presidente expide un decreto que señala el día y la hora precisas- las operaciones ofensivas, toda la actividad de la fuerza pública con todas sus capacidades, continúa desplegándose”, manifestó el funcionario Velásquez. 

Esto se produce un día después de que se conociera que el Frente de Guerra Occidental del ELN, que opera en el selvático departamento del Chocó (oeste), anunciara un “paro armado” desde este martes y de forma indefinida en toda la región de San Juan, Sipí, Cajón y sus afluentes, en este departamento. 

“Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden”, anunció en un audio Gerson, comandante de ese frente irregular.

Esta región lleva varios paros armados de la guerrilla, que está en combates abiertos con las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que desde finales del 2022 ha expuesto a cientos de personas de esta zona, que viven conectadas a los centros urbanos por ríos, confinadas u obligadas a tener que dejar sus hogares.

Precisamente la semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de Paz (AOCP) informó que más de un centenar de familias se encuentran desplazadas y unas 800 confinadas en el río San Juan y el Sipí, tras una evaluación hecha con las comunidades en una Misión Paz, que volverá esta semana a la zona a pesar de los choques. 

La crisis, según los habitantes de la zona, se asemeja a la sufrida entre 2000 y 2004 cuando se recrudeció la guerra entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tiene lugar precisamente en un momento en que el ELN está sentado en una mesa de negociación donde se acordaron “alivios humanitarios” para esta zona.