Ecuador firma un acuerdo para prevenir el embarazo adolescente con apoyo de la ONU
Ecuador oficializa una política a 2035 para reducir el embarazo adolescente y atender a niñas víctimas de violencia sexual
El Gobierno de Ecuador firmó este viernes en la provincia andina de Chimborazo un acuerdo para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), según informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.
De esta forma, el acuerdo oficializó la 'Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026-2035', presentada como una respuesta nacional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Autoridades detallan los alcances de la política
La firma estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien afirmó que "cuando hablamos de embarazo adolescente no hablamos de cifras: hablamos de niñas, de sueños rotos y de caminos que se interrumpen demasiado pronto".
Por su parte, el ministro subrogante de Desarrollo Humano, Daniel García, precisó que la principal meta de esta política es sensibilizar sobre la prevención del embarazo y asumir un "compromiso institucional" para asegurar que los usuarios de los programas reciban información, formación y orientación efectiva.
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Cifras actuales y desafíos del país
Según datos del Ministerio de Salud Pública, Ecuador logró una reducción significativa en la tasa específica de fecundidad de adolescentes de quince a diecinueve años entre 2014 y 2018. No obstante, el país aún registra cuatro partos diarios en niñas menores de catorce años y ochenta y cuatro nacimientos cada día en adolescentes de quince a diecinueve años.
La política plantea reducir la tasa de embarazo adolescente en un plazo de diez años a través de cinco ejes estratégicos, como son la educación, la salud, la transformación sociocultural, la protección integral y la sostenibilidad.
Medidas para educación, salud y protección
El Gobierno prevé implementar educación sexual en las aulas, estrategias de retención escolar y un acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el uso de anticonceptivos.
Además, contempla la activación del programa 'Aprendiendo en Familia' para trabajar con hogares y cuidadores en prevención y acompañamiento integral; la creación de un modelo de atención especializada para víctimas de violencia sexual; y un mecanismo financiero y normativo que garantice la continuidad de la política durante una década, independientemente del ciclo político.
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