La palabra inestabilidad es el mejor calificativo disponible en la lengua española, para describir la situación política por la que está atravesando Perú. En los últimos siete años han tenido siete presidentes, ninguno ha logrado completar su mandato, menos aún impulsar reformar estructurales en beneficio de su sociedad. Entre sucesiones constitucionales, renuncias y destituciones, el poder Ejecutivo peruano se ha visto plagado por altos índices de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros tantos vicios administrativos que no han permitido a Perú contar con un sistema democrático sólido y respetable ante la opinión internacional.

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Hasta este miércoles eran tres los expresidentes peruanos que estaban presos: Alejandro Toledo por tráfico de influencias, Pedro Castillo por tráfico de influencias y rebelión (promovió un fallido golpe de Estado en 2022) y Alberto Fujimori por haber comido crímenes de lesa humanidad y corrupción. Está más que probado que para las sociedades latinoamericanas, la tolerancia de la corrupción es una práctica intrínseca de la política, de ahí la frase “roba pero hace obra”, pero el cometimiento de crímenes de lesa humanidad es lo que ha hecho que la liberación de Alberto Fujimori haya despertado en los peruanos y muchos analistas de la región una alerta respecto al tipo de dádivas que obtienen los políticos a pesar de contar con sentencias ejecutoriadas.

Alberto Fujimori fue Presidente de Perú desde 1990 hasta 2000 y no fue hasta 2009 que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, luego de haber dado la orden a un grupo militar, conocido como el Grupo Colina, de asesinar a quince personas que supuestamente estaban vinculadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Las investigaciones demostraron posteriormente que el trabajo de inteligencia había confundido una fiesta con una reunión secreta, matando así a civiles inocentes. Además, se le imputó la masacre de la Cantuta, una residencia universitaria donde desaparecieron nueves estudiantes y un profesor y también los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Por estas razones fue condenado a veinticinco años de cárcel, de los que ya había cumplido dieciséis.

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La liberación de Fujimori se peleó desde el minuto en el que fue encarcelado y uno de los momentos en los que estuvo cerca de conseguirlo, fue en 2017 cuando el entonces Presidente Kuczynski le concedió un indulto, pero no prosperó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) se ha opuesto fervientemente frente a estos deseos políticos de excarcelar a Fujimori, pero este martes las instituciones peruanas demostraron su nivel más alto de degradación, cuando el Tribunal Constitucional aseveró que la Corte IDH no era competente para detener sentencias de este tipo (la que liberó a Fujimori).

La politización del Tribunal Constitucional de Perú es sumamente preocupante, ya que no hay cabida para que los organismos internacionales, jueguen un rol tan fundamental como el de ser un contra peso ante el poder del Estado. La liberación de Fujimori es un llamado a la impunidad para quienes hayan cometido delitos en el país, pero que se sirven de los más poderosos para borrar con una mano, lo que hicieron con la otra.

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