Muerte cruzada: un sostén del presidencialismo por repensar

Era el 17 de mayo de 2023 cuando Ecuador amaneció para presenciar un momento histórico: la inédita aplicación de la llamada muerte cruzada, que anticipó elecciones generales a mitad del mandato del entonces presidente Guillermo Lasso.

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Un día antes, el primer mandatario había comparecido ante la Asamblea Nacional para defenderse en el marco de su juicio político. Sin embargo, la disolución del Parlamento estancó el proceso, que quedó definitivamente atrás seis meses después con la llegada de Daniel Noboa al Palacio de Carondelet.

Dos años después, y con la posibilidad de una Asamblea Constituyente en el horizonte, analistas consultados por Diario EXPRESO señalan la necesidad de revisar esta figura para, en el mejor de los casos, equilibrar un sistema predominantemente hiperpresidencialista.

De hecho, esa es también la opinión de uno de los protagonistas de 2023. “Esta figura es ajena a nuestra tradición constitucional porque nosotros siempre hemos sido una República presidencialista”, comenta Henry Cucalón, exministro de Gobierno de Lasso.

Pese a su desacuerdo con esta figura introducida en la Constitución de Montecristi, Cucalón aclara que no debe ser abordada a cualquier costo. “Si vamos a un paquete de reformas parciales, que yo creo que se deben hacer, hay temas muchísimo más urgentes que ese”.

¿Constituyente o solo reforma para la muerte cruzada?

No obstante, si la vía es una Asamblea Constituyente, como aparenta ser la intención del Gobierno de Daniel Noboa, señala que la eliminación de la llamada muerte cruzada debería ir acompañada de una condición: el reforzamiento del proceso de juicio político a un presidente.

“Como promuevo la bicameralidad, propondría que en la Asamblea haya dos revisiones: una en la cámara baja, como Congreso, y otra en la cámara alta, como Senado. Es decir, al juicio político le daría doble control, mucho más estricto y no a la ligera, como se lo ha tomado últimamente”, sostiene.

Ese también es el criterio de Mauricio Alarcón, jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien considera que la figura de la muerte cruzada “no tiene razón de ser en un sistema presidencialista como el nuestro”.

Incluso sostiene que, pese a haber sido incluida en la Constitución impulsada por el correísmo con el supuesto objetivo de reducir la pugna de poderes, esta figura terminó por convertirse en una herramienta del poder de turno que refuerza el hiperpresidencialismo.

En ese sentido, y en concordancia con lo antes mencionado, Alarcón ve con buenos ojos que una alternativa a la muerte cruzada sea el fortalecimiento del juicio político como un mecanismo efectivo de pesos y contrapesos. “Estoy de acuerdo, porque el juicio político sí es propio de un sistema presidencialista”, afirma.

¿Herramienta vaciada de contenido?

Sin embargo, más allá de reconocer que esta herramienta principalmente parlamentaria ha reforzado el presidencialismo de Ecuador, Esteban Ron, constitucionalista y docente universitario, sostiene que el debate no debería centrarse en la existencia o no de la muerte cruzada, sino en su mala utilización y desnaturalización.

“Generalmente, lo que hacemos es vaciar de contenido estas figuras. Es decir, que se las puede volver a usar en los momentos más inadecuados, de acuerdo a la conveniencia o circunstancias políticas del momento. Y una vez activadas, no hay temor de volver a activarlas”, dice.

Los problemas señalados por Alarcón y Ron, según el constitucionalista José Chalco, son propios de una Carta Magna deficiente. “Es innegable que la sección orgánica-institucional de la Constitución es la peor. Crea engendros constitucionales y configura un hiperpresidencialismo”.

Incluso advierte que, así como la muerte cruzada, hay otros ejemplos. “Hay una búsqueda por entorpecer y apropiarse de las instituciones a través de entes inservibles como el Consejo de Participación Ciudadana. Hay una pésima conformación del Consejo de la Judicatura, se debilita al Legislativo y se crea un Poder Electoral. Se dinamita la autonomía de la Fiscalía”.

Sin embargo, aunque coincide en que la llamada muerte cruzada debe desaparecer del ordenamiento jurídico ecuatoriano, también hace hincapié en que la mejor vía para lograrlo es mediante una reforma parcial a la Constitución y no mediante el poder constituyente, al que califica como una medida de última ratio.

“La Corte Constitucional, en el dictamen N.º 4-19-RC/19, habilita que, por reforma parcial y sin necesidad de convocar a una constituyente, se puede eliminar este diseño indebidamente establecido en la Constitución. Hay un camino ágil y expedito para atender al Ecuador y a su Constitución”, concluye el jurista.

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