Transitan por más dudas que certezas. Las mismas incertidumbres sobre las nuevas reglas que aplican en la transportación terrestre particular entre cantones aledaños, una semana después de terminado el estado de excepción, las tienen los sectores del transporte interprovincial.

Que sean los Comités de Operaciones de Emergencia Municipales, en esta nueva etapa post estado de excepción, los que puedan aplicar a su libre discreción las restricciones de movilidad vehicular en cada una de sus jurisdicciones, es ya un punto de preocupación para este sector.

Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, aparte de la delicada situación económica que atraviesa el gremio (ver subnota), describe un panorama de incertidumbre porque, a su criterio, cada municipio en esta nueva fase está adoptando sus propias características de operación. “Hay provincias como Carchi, Chimborazo, Tungurahua, Santo Domingo, Esmeraldas, Loja, Zamora Chinchipe, que no pueden llegar a Guayaquil todavía... Esas son las particularidades”. Esto lo atribuye a la falta de coordinación dentro del COE Nacional y a que no se han implementado manuales de aplicación de los protocolos para que “todos hablemos el mismo idioma”.

La situación también inquieta al sector empresarial, pues la movilidad constituye uno de los engranes del gran aparato llamado producción y comercio. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera como las mayores preocupaciones a la descoordinación y la falta de certeza sobre el funcionamiento de los salvoconductos y las reglas para el libre tránsito de personas y productos. “Observamos que las nuevas y diversas restricciones al tránsito no estarían acordes a prevenir la propagación de la COVID-19. Restringir el uso de vehículos particulares y de mercaderías no es eficaz para la preservación de la salud; más bien, medidas como el distanciamiento social, uso de mascarilla, uso de alcohol, entre otras, sí están probadas como mecanismos eficaces para preservar la salud de los ciudadanos”, comenta.

A pesar de que se ha podido ir generando una adaptación a las normas aplicables a esta pandemia, la dirigente gremial lamenta ver “improvisaciones por parte de algunos municipios”, sin tener una clara coordinación con el resto de cabildos del país ni con la Agencia Nacional de Tránsito.

Un caso en concreto: Guayaquil. El pasado miércoles, los principales accesos a la ciudad amanecieron colapsados por los operativos de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) para hacer cumplir las restricciones a la movilidad vehicular aún vigentes en esta ciudad y ya no en sus vecinas. Esto provocó un embotellamiento en el puente de la Unidad Nacional que obligó, por ejemplo, a trabajadores a bajarse de los automóviles, atravesar el puente y tomar un taxi o un bus para llegar a sus lugares de trabajo. La ATM anunció que hoy el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal tomará decisiones sobre la circulación vehicular en Guayaquil.

En la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) conocen las exigencias del sector productivo, empresarial y del transporte. Su presidente y alcalde de Paute, Raúl Delgado, reconoce que el hecho de que cada municipio aplique sus propias restricciones no es saludable para el país, que necesita reactivar su economía. “Debemos tomar alguna resolución y eso no puede esperar a 10 o 15 días para ver los resultados que tenemos. Vamos a empezar a focalizar dónde están los problemas para poder desde AME coordinar con los diferentes municipios del país en bien de que la movilidad, uno de los problemas más serios luego del estado de excepción, no sea un obstáculo para que el país empiece a reactivarse poco a poco”.

Hay un ‘pero’ que resalta el presidente del gremio de alcaldes: no pueden correr el riesgo de que se produzca un rebrote del coronavirus. En eso están de acuerdo todos, incluidos Gómez y Costa. Es una línea roja que nadie quiere atravesar.

En ese marco, ¿cuáles son las alternativas concretas que están sobre la mesa de AME? De momento, no hay. Lo que sí hay es la voluntad de sentarse a conversar con las autoridades nacionales y sectores gremiales, dijo Delgado, y también una primera coincidencia: “Restringir la movilidad en el tema de la reactivación económica no es saludable”.

Ante estas inquietudes, EXPRESO buscó una reacción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que también preside el COE Nacional, pero su equipo de comunicación explicó que lo que la funcionaria tenía que decir al respecto, lo hizo el 11 de septiembre pasado. Ahí, Romo exhortó a los municipios a que todas las decisiones que tomen sean lo mejor coordinadas posible para evitar que haya confusión en la población, algo que evidentemente todavía no ha sucedido.

El secretario de Movilidad del Municipio de Quito, Guillermo Abad, reconoció a este Diario que en Pichincha están recién tratando de homologar con otros cantones la misma restricción vehicular que se empezó a aplicar en la capital.

Esto es que cada mes habrá cambios en la movilidad, dependiendo de si se trata de meses pares o impares, y del último dígito de la placa de los vehículos. Algo que en un inicio no estaba claro ni para los habitantes de Quito.

Esa variación también genera incertidumbre entre los transportistas de pasajeros y de productos de primera necesidad, que no saben si saldrán de sus provincias con autorización para movilizarse por el número de placa, y al llegar a Quito se toparán con la restricción. “Debe quedar claro que se siguen manteniendo las excepcionalidades o las exoneraciones para los sectores estratégicos o el transporte comercial de carga pesada, mediana, liviana o mixta, que mueven materias primas, las mercancías y alimentos. Ellos están exentos de la restricción independientemente de si rotan o no las placas”, manifestó Abad a EXPRESO.

Situación diferente tendrán los vehículos particulares que quieran llegar a Quito en un día con restricción para el último número de su placa. Los propietarios deberán obtener un salvoconducto con una justificación de peso para circular por la ciudad.

El Gobierno asegura estar abierto a convertirse en “facilitador y mediador” para que los municipios tomen las mejores decisiones en el tema de la circulación. La ministra Romo indicó que coincidía con los pedidos de algunos sectores productivos para que las actividades económicas se reactiven. Y calificó como “inconcebible” que actividades que continuaron funcionando en plena pandemia, ahora puedan tener restricción.

En el Municipio tienen claro que no son aplicables los pedidos de que se levanten todas las restricciones para volver a lo que se tenía en febrero pasado. Abad sostuvo que eso implicaría tener 500.000 automotores en las vías generando desplazamientos más lentos del transporte público, que por ahora es la prioridad del cabildo.