Migración con veto: ¿Ecuador tiene la capacidad de recibir refugiados?

La política migratoria de Ecuador ha experimentado un giro drástico en 2025. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, el país adoptó una postura más restrictiva frente al ingreso de extranjeros, con especial énfasis en migrantes venezolanos y solicitantes de asilo. Noboa ha declarado que Ecuador solo recibirá personas “pacíficas” y sin antecedentes penales, lo que ha generado interrogantes sobre los mecanismos de verificación, los protocolos de seguridad y el respeto a los derechos humanos.

El cambio se formalizó con el Decreto Ejecutivo No. 560, firmado en marzo, que derogó la amnistía migratoria previamente otorgada a ciudadanos venezolanos y puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, vigente desde 2011. Esta decisión se tomó en medio de tensiones diplomáticas con Caracas y una reducción en el financiamiento internacional para programas de regularización. Organizaciones de migrantes han advertido que miles de venezolanos quedan ahora en situación de vulnerabilidad, sin acceso a derechos fundamentales. La exigencia de presentar certificados de antecedentes penales apostillados y traducidos al español para ingresar por las fronteras con Perú y Colombia ha sido cuestionada por expertos. “La verificación penal no garantiza una evaluación integral del perfil migratorio. Hay excepciones que deben considerarse, como víctimas de trata, solicitantes de asilo o menores de edad”, señala Cheryl Martens, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades (IEAD).

El giro a la política migratoria de Ecuador por influencia de Estados Unidos

La política migratoria ecuatoriana se encuentra en una encrucijada: ¿cómo garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos humanos? La canciller Gabriela Sommerfeld ha confirmado que Ecuador aceptará hasta 300 refugiados por año desde Estados Unidos, pero con derecho a veto sobre perfiles considerados “no convenientes”.

Este enfoque selectivo ha sido comparado con el modelo de El Salvador, que ha recibido deportados con antecedentes criminales. En Ecuador, la verificación se realiza a través de servicios como SecurityRisk, que consolidan información judicial, fiscal, migratoria y financiera de fuentes nacionales e internacionales, incluyendo Interpol, FBI, ONU y registros locales. Este proceso, conocido como vetting, plantea desafíos éticos.

“La validación de antecedentes debe hacerse con criterios claros y respetando el debido proceso. No se puede excluir a una persona solo por su nacionalidad o por presunciones”, advierte Edgar Cáceres, abogado especialista en movilidad humana. Mientras Ecuador endurece su política migratoria externa, enfrenta una crisis interna de desplazamientos forzados. Actualmente, alberga a más de 77.000 personas reconocidas como refugiadas -el 95% provenientes de Colombia- y a más de 444.000 migrantes venezolanos. Esta apertura se mantiene pese a una creciente ola de violencia, inseguridad y desastres naturales que han provocado desplazamientos internos masivos. Según el Consejo Noruego para los Refugiados, Ecuador registró 101.000 desplazados internos en 2024, ubicándose como el tercer país más afectado en América Latina, solo detrás de Haití y Colombia. Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, atribuye este fenómeno a la fragmentación de grupos criminales y la disputa por el control territorial.

“La violencia, las extorsiones y el cierre de escuelas han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares. Las provincias costeras como Esmeraldas, Manabí y Guayas son las más golpeadas”, afirma Rivera.

En medio de esta crisis, el presidente Noboa solicitó al gobierno de Estados Unidos que sectorice la información sobre violencia en Ecuador, para evitar que se generalice la percepción de inseguridad. “El turista ve una noticia y cree que el Ecuador es una zona de guerra”, dijo Noboa, destacando que ciudades como Cuenca tienen tasas de criminalidad similares a las de Copenhague.

Enfoque migratoria del Gobierno no aborda causas de desplazamiento

El sociólogo Santiago Cahuasquí, docente de la Universidad Hemisferios, advierte que el enfoque migratorio del gobierno aún no aborda las causas internas del desplazamiento.

“Ecuador está intentando ejercer control sobre quién entra, pero aún no ha resuelto por qué tantos ecuatorianos se ven obligados a salir o desplazarse dentro del territorio. La migración interna por violencia, desempleo y falta de servicios básicos es una señal de que el Estado no está garantizando condiciones mínimas para sus propios ciudadanos”, concluye.

Desde una perspectiva crítica, el sociólogo señala que las migraciones -tanto internas como externas- son fenómenos sociales profundamente ligados a los modelos de desarrollo y a las decisiones políticas. En ese sentido, las medidas de Noboa, aunque justificadas por razones de seguridad, podrían estar reproduciendo una lógica excluyente.

“Cuando se habla de recibir solo personas ‘pacíficas’, se corre el riesgo de invisibilizar a quienes huyen precisamente de contextos violentos. Además, ¿cómo se define la paz en un país donde barrios enteros están siendo desplazados por el crimen organizado?”. Cahuasquí también destaca que el crecimiento urbano desordenado en Guayaquil y Quito está generando tensiones sociales y sobrecarga en los servicios públicos.

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