Juan Carlos Díaz Granados | Entre justicia y revisionismo histórico

En estos días se ha reabierto un capítulo doloroso de nuestra historia: el juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en los años 80 por militares hoy retirados. El debate se ha polarizado entre quienes ven a los acusados como símbolos de un Estado represor y quienes los consideran héroes que contuvieron una amenaza real. Pero quizá sea momento de pensar con más matices, sin caer en lecturas cómodas ni memorias selectivas.

Quienes vivimos aquella época recordamos que la violencia de Alfaro Vive Carajo no fue un invento. Hubo asesinatos, secuestros, asaltos, atentados y un clima de audacia criminal que culminó en hechos atroces como el secuestro y asesinato de Nahim Isaías Barquet. Las víctimas, ciudadanos, empresarios, policías, soldados vieron vulnerados sus derechos más básicos. Y muchos delitos adicionales no ocurrieron porque las fuerzas del orden lograron contener una deriva que pudo haber sido mucho peor. Esa parte del relato suele omitirse, aunque forma parte de la verdad histórica.

Pero reconocer ese contexto no equivale a justificar excesos ni a desestimar el reclamo de justicia de quienes sufrieron abusos bajo custodia estatal. Un Estado democrático debe ser capaz de mirarse al espejo, incluso cuando duela. Lo complejo surge cuando el espejo se convierte en un arma política o cuando el pasado se juzga con la impaciencia moral del presente, sin considerar los límites de la memoria, la evidencia y el tiempo. Los delitos de lesa humanidad exigen pruebas sólidas, patrones claros y responsabilidad individual, no condenas basadas en percepciones o simpatías.

La justicia tardía puede ser necesaria, pero también debe ser prudente. No se trata de reescribir la historia hacia un lado u otro, sino de entender que en tiempos turbulentos pueden coexistir el deber cumplido y el error; el sacrificio y la omisión; la valentía y el exceso. Quienes hoy juzgan no vivieron el miedo de entonces, y quienes actuaron entonces no imaginaban ser juzgados 40 años después.

La pregunta no es quién tuvo razón, sino cómo enfrentar nuestro pasado sin traicionarlo y sin debilitar las instituciones que aún sostienen nuestro futuro.