Para maestros, el Gobierno ‘quema tiempo’ en lo salarial
Los gremios toman los recursos legales del Ejecutivo como acciones para posponer la equiparación. Las mesas de diálogo también alargan su labor
La equiparación de los salarios de los maestros con los de los servidores públicos, aprobada en 2021 por la Asamblea y ratificada por esta entidad en marzo de 2022, podría seguir posponiéndose hasta el 2023 por las acciones del Gobierno, según temen dirigentes de gremios de educadores consultados por este Diario.
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Leer másUtilizando una frase del argot deportivo consideran que el Gobierno “quema tiempo” para que la ejecución de la reforma se demore un año más.
Aprobada en 2021 tuvo una primera suspensión por un recurso de inconstitucionalidad, que alegaba que incluía un aumento salarial y que este no estaba financiado. En su respuesta, la Corte Constitucional acogió el recurso y ordenó a la Asamblea que determinara las fuentes de financiamiento.
En marzo de este año, para alegría de los docentes, la Asamblea ratificó lo aprobado. Pero un mes después el Ejecutivo lo vetó y pidió un nuevo pronunciamiento de la Corte. Y aunque en mayo pasado este organismo también ratificó su fallo y pidió que se publique la reforma en el Registro Oficial, otra vez para decepción de los maestros el Ejecutivo interpuso un recurso de ampliación, lo que nuevamente la suspendió.
En cálculos del Gobierno y de dirigentes gremiales esto podría significar otros tres meses más. Y así, con el fin de año a las puertas, la equiparación salarial quedaría para el 2023.
De allí que Jorge Escala, ex presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirma que el Gobierno lo que busca es “quemar tiempo” para no cumplir con la equiparación.
“El magisterio reclama al Gobierno por presentar una modulación a la sentencia de la Corte Constitucional, que disponía el alza salarial para los maestros y la publicación en el Registro Oficial. Esta modulación impide la aplicación de la Ley y pide pagar la equiparación salarial desde el 2023 y de manera escalonada”, advirtió la UNE en un comunicado.
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Leer másConsultada por este Diario, la ministra de Educación, María Brown, dijo que el Gobierno está pendiente de la respuesta de la Corte al pedido de ampliación del fallo, “lo que nos dará más luces de cómo implementar en este año, 2022, las disposiciones de la Ley que requieren de un aumento en el techo presupuestario”.
“Como les comentaba a los compañeros de los gremios tenemos claridad de que ya en la proforma 2023 estarán incorporados los presupuestos ajustados, sin lugar a dudas, pero la consulta nos indica cómo vamos a hacer esa implementación”, agregó la ministra.
Esta acción ha decepcionado también a los gremios de maestros que participan en las mesas técnicas convocadas por el Gobierno desde que vetó la reforma en abril pasado.
“El magisterio espera más agilidad en la vigencia de la equiparación salarial y que no haya largas en el tema, ya que son más de doce años de congelamiento de sueldos”, expresa Bolívar Potes, dirigente de la Federación de Unión de Trabajadores de Educación (FUTE).
Christian Veloz, de la Asociación de Profesionales de la Educación (APE), dice comprender la acción del Gobierno porque el aumento no estaba presupuestado para 2022. “Nosotros siempre hemos manejado tiempos reales y hemos dicho que posiblemente en octubre iniciaría el pago”, afirma.
- Mesas de diálogo
Reforma al reglamento, para julio
n Tras la mesa de diálogo del 4 de mayo, la expectativa de los gremios era que la siguiente, luego del fallo de la Corte Constitucional, fuera la última. Los mesas redactan una reforma al reglamento de la Ley de Educación. La reunión fue el 10 de junio. La ministra María Brown, si bien ratificó que era la última, anunció que habría otra para revisar el texto final, tenerlo listo a fines de junio y enviarlo a la Presidencia en julio. Por el paro esa nueva cita fue virtual, el martes 21.