Si bien los casos de profesores y centros educativos extorsionados por bandas de delincuentes constituyen uno de los aspectos más visibles del creciente peligro que corren, el asesinato de un docente del colegio Leonidas García, ocurrido a inicios de este mes y atribuido a un grupo de estudiantes, visibiliza otro mal que afrontan cientos de ellos de manera cotidiana: las amenazas dentro del propio plantel por parte de alumnos relacionados con grupos delictivos o el microtráfico de drogas.

Los gremios de maestros públicos, fraccionados y usualmente divididos por sus posturas políticas, coinciden totalmente en denunciar la falta de garantías y de seguridad en que los maestros realizan ahora su labor, sobre todo en las zonas urbano marginales tomadas por la delincuencia; y piden acciones más efectivas al Gobierno.

Este Diario solicitó a la Fiscalía las cifras de educadores que han presentado una denuncia por extorsión en lo que va del año. La entidad ofreció responder, pero primero recordó que tiene hasta diez días para hacerlo; y también adelantó que usualmente las estadísticas no distinguen por la profesión u ocupación de quien denuncia, sino que suma casos en general.

En tanto, tres gremios locales de maestros, basados en los mensajes y pedidos de ayuda que reciben de sus colegas, coinciden en que al menos 120 educadores públicos han presentado una denuncia en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. Y también concuerdan en que hay muchos más que no reportan por temor; e incluso, aseguran que en algunas instituciones educativas, los profesores se han resignado a pagar la extorsión.

En cuanto a las amenazas internas, enfatizan que no se trata solo de un posible atentado contra sus vidas o sus bienes; sino de la pérdida total de la autoridad que sufre el maestro cuando sus propios estudiantes lo obligan a ponerles notas por tareas que no presentan, por lecciones que no rinden y a promoverlos de curso.

“También hay casos de maestros amenazados que han pedido cambio de plantel porque la Ley de Educación establece que cuando peligra la integridad física del docente, y está debidamente sustentado, puede solicitar el cambio. Pero no lo cambian porque hay otro problema: no hay quién quiera ir a esas zonas como la entrada de la 8 o Monte Sinaí. El Ministerio de Educación tiene hasta problemas para hacer traslados”, dice Bolívar Potes, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores de la Educación (FUTE).

En resaltar ese punto coincide Agustín Lindao, dirigente de la Red de Educadores-Ecuador, quien como muestra cita dos casos de la Zona 8. En el Distrito 1, en una unidad educativa de la cooperativa Martha Bucaram, del Guasmo Sur, hay cuatro docentes víctimas de extorsión e incluso de atentados, que han pedido cambio y sus solicitudes reposan en Talento Humano sin ser atendidas. Otro caso en el Distrito 8, en la unidad educativa Leonidas García, luego del asesinato de un maestro en un bus, otros 10 docentes pidieron cambio porque son amenazados por los propios estudiantes y tampoco los han trasladado.

Potes agrega que otro problema es que hay padres que están inmersos también en cuestiones de microtráfico o simplemente son solapadores de sus hijos y cuando el profesor los llama para darles algún reporte, ellos más bien reaccionan contra este.

Lindao y Potes indican que sus gremios han solicitado audiencias con el Ministerio de Educación para pedir medidas de protección a los docentes. La Red es partidaria tanto de que los policías puedan ingresar a los centros educativos como de impulsar políticas públicas que fortalezcan el tejido social. Entre estas, el regreso de las llamadas ‘escuelas para padres’ que se desarrollaban los sábados.

“Ser maestro se ha convertido en una profesión de muy alto riesgo”, sintetiza Jorge Escala, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), a quien le preocupa que la Comisión de Educación de la Asamblea no ejerza su papel de control o de fiscalización para exigir que el Ministerio de Educación explique qué está haciendo ante la situación que viven los maestros y centros educativos.

“Y para que cumpla el plan de reinserción escolar de más de 200.000 niños y adolescentes que están fuera del sistema educativo y son víctimas de la violencia o son reclutados por bandas delincuenciales”, agrega.

Aunque no lo dice, Escala invoca a la Asamblea quizás por la inconformidad que les dejó a un grupo de dirigentes de la UNE su reunión con el Ministerio de Educación. Primero, porque no los atendió el ministro Daniel Calderón, sino dos representantes. Y por ello, en lugar de las soluciones concretas a estos y otros problemas que aquejan a los maestros que ellos esperaban, recibieron solo ofrecimientos de gestionar respuestas.