Ley Economías Criminales: Luisa González cuestiona voto de su asambleísta

Los problemas para la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea continúan. Esta vez, la presidenta del movimiento correísta Luisa González cuestionó al legislador Sergio Peña por su voto respecto a la ley urgente para desarticular las economías criminales.

(No te pierdas: La Asamblea Constituyente, ¿un globo de ensayo y un comodín?)

“Aclaro. El voto de Sergio Peña en la Comisión de Desarrollo Económico no corresponde al criterio técnico, legal constitucional analizado y peor aún a la decisión tomada dentro de la Bancada Ciudadana y del movimiento Revolución Ciudadana”, escribió la excandidata presidencial.

El cruce se originó porque la noche del 27 de mayo de 2025, Peña votó con el oficialismo en la Comisión de Desarrollo Económico para aprobar el informe de primer debate de la ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa.

Esto pese a que desde su llegada, el correísmo cuestionó varios aspectos de la iniciativa del Ejecutivo sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito penal. Asambleístas como Ricardo Patiño aseguró que el proyecto era inconstitucional.

Este 28 de mayo, en una entrevista para el portal La Posta, Peña señaló: “Presenté cuatro observaciones al proyecto en temas neurálgicos sobre la prisión preventiva y se moduló. Es una pequeña victoria”, dijo Peña. 

Pero, ante la consulta sobre las observaciones fueron consensuadas con su bloque parlamentario, Peña señaló que, pensar diferente no es ser enemigo. También ensayó otro argumento respecto a que una posición radicalmente en contra abonará al discurso del Gobierno sobre “ellos no me dejan gobernar”. 

El legislador explicó su voto con la justificación de que, al estar a favor, mantendrá abierto el dialogo y así, las observaciones de su bancada también deberán ser incluidas. 

Cambios en la iniciativa del Ejecutivo

El ámbito que más críticas ha recibido de la ley es el régimen penal especial. En esta área se registraron modificaciones. Entre los ajustes se incluyó la extensión de la tipificación del delito de crimen organizado. De este modo, pertenecer a un grupo de delincuencia organizada será sancionado con una pena privativa de libertad superior a 25 años, según explicó la legisladora oficialista Valentina Centeno. Es decir, ya no solo se penalizará el participar en actos relacionados a esos grupos.

Otro cambio tiene que ver con los delitos de crimen organizado en el marco del conflicto armado interno reconocido por el proyecto. Estos casos serán encargados a jueces especializados en anticorrupción.

Además, en la propuesta original del Ejecutivo, se establecía que la audiencia de juicio debía ser convocada en un plazo máximo de quince días tras la aprehensión o detención. Sin embargo, se determinó que ese plazo se extienda a 90 días en lo relacionado a delitos en el marco del conflicto armado interno y crimen organizado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!