Ley Economías Criminales: ADN aprueba informe incluso con votos del correísmo

El oficialismo en la Comisión de Desarrollo Económico logró aprobar el informe para el primer debate de la ley económica urgente para desarticular las economías criminales con 8 de los 10 votos posibles. Dos legisladores del correísmo votaron a favor.

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Este 27 de mayo de 2025, la comisión sesionó para aprobar el documento con varios cambios respecto al original enviado por el presidente Daniel Noboa. La sorpresa fue la votación de los legisladores del correísmo, quienes habían criticado la iniciativa desde su llegada al Legislativo.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Sergio Peña, argumentó que su voto a favor fue en reconocimiento de que sus observaciones fueron acogidas. Además, expresó su intención de ser un puente para que la comisión continúe trabajando como hasta ahora. El otro legislador de RC que votó a favor fue Jesús Arias Montalvo.

Del bloque opositor, solamente se abstuvieron Diego Salas y Mabel Méndez. Salas señaló que persisten elementos en el proyecto que deben ser analizados. “El enfoque sigue siendo punitivo”, sostuvo. También expresó que no hay medidas que realmente combatan las economías criminales.

Cambios respecto al proyecto original

La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno (ADN), expuso las modificaciones al proyecto, dividiendo su impacto en dos ejes: económico y penal.

En el ámbito económico, se mantiene el beneficio tributario por donaciones de la empresa privada a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, se agregó que, entre los elementos que pueden considerarse para esas donaciones, también estarán los bienes inmuebles.

Modificaciones en el ámbito penal

En esta área se registraron los cambios más significativos. Entre los ajustes, se incluyó la extensión de la tipificación del delito de crimen organizado. De este modo, pertenecer a un grupo de delincuencia organizada será sancionado con una pena privativa de libertad superior a 25 años, según explicó la legisladora oficialista.

Otro cambio está relacionado con los delitos de crimen organizado en el marco del conflicto armado interno reconocido por el proyecto. Estos casos serán encargados a jueces especializados en anticorrupción.

Además, en la propuesta original del Ejecutivo, se establecía que la audiencia de juicio debía ser convocada en un plazo máximo de quince días tras la aprehensión o detención. Sin embargo, se determinó que ese plazo se extienda a 90 días.

Sobre los allanamientos

La presidenta de la mesa legislativa insistió en la figura de allanamientos sin orden judicial. En el informe, se establecieron requisitos para que estos procedimientos cuenten con informes de inteligencia que los justifiquen.

Indultos anticipados a policías y militares

En este aspecto, la Comisión moduló la propuesta del Ejecutivo. “Lo que hemos hecho es que se puedan dar, al menos, después de la investigación previa, para que exista una noción de cuál será la pena del delito cometido”, explicó Centeno.

Con estos cambios, está previsto que el primer debate de esta ley económica urgente se realice en el Pleno el próximo viernes 30 de mayo de 2025.

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