¿Cómo entender la reforma urgente que cambiaría la contratación pública en Ecuador?
El proyecto de ley busca modernizar el sistema estatal, frenar la corrupción y mejorar el gasto público
La corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia son males históricos de la gestión pública ecuatoriana. Ante ese diagnóstico, el presidente Daniel Noboa ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente que busca transformar la contratación pública y la evaluación del desempeño de los servidores estatales.
El nombre oficial del documento es Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, y su objetivo central es garantizar un uso eficiente, transparente y equitativo de los recursos del Estado.
¿Qué propone esta ley en la Gestión Pública?
La propuesta plantea una reforma profunda de dos pilares de la administración estatal:
- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
- La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).
Entre los puntos clave están:
- Digitalización obligatoria de los procesos de compra a través de un nuevo Portal de Contratación Pública, que funcionará con estándares de ciberseguridad y datos abiertos.
- Reestructuración del SERCOP, que ahora tendrá más atribuciones, autonomía y responsabilidad directa sobre la integridad del sistema.
- Registro Único de Proveedores (RUP) más exigente y actualizado permanentemente con datos de confiabilidad, integridad y experiencia de los proveedores.
- Evaluaciones semestrales a los servidores públicos, donde se medirá eficiencia, calidad del servicio e impacto en la contratación pública.
- Nuevas reglas para subastas, licitaciones y compras menores, que buscan evitar la discrecionalidad, fragmentación de contratos o favoritismo.
¿Por qué el Gobierno de Ecuador la califica como urgente?
La razón principal: "el país no puede seguir perdiendo millones de dólares", cita el proyecto de ley. Según cifras oficiales citadas en el mismo, hasta $ 930 millones anuales se malgastan o desvían por malas prácticas en compras públicas. Además, solo en el primer trimestre de 2025, el déficit fiscal alcanzó los $ 726 millones.
La ley propone herramientas para cerrar estas fugas: eliminar la discrecionalidad en los procesos, hacerlos más competitivos, priorizar proveedores nacionales y aplicar sanciones efectivas a funcionarios y proveedores que incurran en irregularidades.
¿A quiénes afecta esta ley?
A todas las instituciones del sector público: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos locales, empresas públicas y organismos autónomos.
A todas las personas que trabajen en el sector público, sin excepción.
A todos los proveedores del Estado, que deberán inscribirse y mantenerse habilitados en el RUP para poder contratar.
¿Qué se espera lograr con este proyecto de ley?
El Gobierno aspira a que esta ley permita:
- Ahorrar recursos del Estado.
- Disminuir la corrupción.
- Aumentar la participación de nuevos proveedores (actualmente en descenso).
- Mejorar la ejecución de obras y servicios.
- Dinamizar la economía nacional mediante compras públicas más eficientes.
¿Qué sigue para este proyecto de ley urgente?
Si la Asamblea aprueba esta ley, el Ejecutivo deberá emitir el reglamento en un plazo de 45 días. Luego, el SERCOP tendrá 120 días para adaptar el portal y los sistemas tecnológicos.
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