La Asamblea Constituyente, ¿un globo de ensayo y un comodín?
El ministro de Gobierno dice que el proyecto económico urgente es un termómetro
Desde la campaña hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el Gobierno ha ido cambiando de parecer en torno a la urgencia de reformar la Constitución de Montecristi.
Así, José De La Gasca, ministro de Gobierno, dejó de hablar de una Constituyente exprés, que estaría lista en cinco meses, saltándose la convocatoria a elección de integrantes.
En estos días, el ministro De La Gasca dijo que la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno es una especie de prueba. En Radio Centro sostuvo: “Este proyecto permite tomar esa temperatura a la Asamblea, para ver si está a la altura del desafío y si la estructura constitucional aguanta”.
Ahora el ministro afirma que hay que respetar los pasos. “La propia Corte ha dicho que necesito acreditar que los demás caminos no son suficientes, enmienda y reforma”. Y que tiene “corazón constituyente, pero cabeza política”.
En la primera semana, ADN ha dejado fuera de juego a la Revolución Ciudadana, que interpuso una acción de protección, pide que se apruebe a su Bancada de la Gente.
Mientras, los planes del régimen cambiaron, una vez que se nombraron a las autoridades del Legislativo. Es evidente que la mayoría no está garantizada. El PSC mostró desazón por el “maltrato”. Y será complicado pelear voto por voto, con almas volátiles como la de los independientes y Pachakutik.
Las opiniones sobre la actitud del régimen
Para Alberto Acosta, expresidente de la Constituyente de Montecristi, resulta “difícil comprender los mensajes de un gobierno bastante opaco. Ha soltado varios. Muchos parecen globos de ensayo, como fue, al menos hasta ahora, la propuesta de una Asamblea Constituyente de notables; inconstitucional, por cierto”.
Alberto Acosta
La ley para combatir el crimen organizado -empacada como ley económica urgente- no solo que aborda varias materias, sino que sintetiza un claro intento por asumir poderes casi ilimitados por parte de Daniel Noboa, subraya Acosta. “Es una suerte de prueba de fuego para la alianza gubernamental en la Asamblea y también para después confrontar a la Corte Constitucional”.
Una visión desde la Revolución Ciudadana
El asambleísta de la RC5, Luis Fernando Molina, anota que: “El país no está para experimentos ni cálculos políticos”. Resalta que se necesitan soluciones concretas para detener el incremento de los índices de muertes violentas.
Como legisladores -dice Luis Fernando Molina- esperan un debate serio, amplio, que plantee soluciones normativas, ya que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por ejemplo, se reforma cada seis meses y la inseguridad no ha disminuido.
¿Qué dice Fernando Cordero?
Para Fernando Cordero, expresidente de la Constituyente de Montecristi, es un momento complejo, con “tanta expectativa de cambio en Ecuador”. Pero, “una Constituyente podría convertirse en una panacea de enorme riesgo. Por las apetencias de grupos económicos, se podrían perder derechos y conquistas, por ejemplo en Seguridad Social”.
Cordero admite que hay “deficiencias”, pero “no imputables a la Constitución”. Recuerda que la creación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) fue una respuesta a lo que llama la troncha, el reparto, común en la época del Congreso. Aunque no lo niega: “ha sido un fracaso”.
La opinión de Pachakutik
A Mariana Yumbay, de Pachakutik, le parece desacertado que el ministro remita un proyecto de esta naturaleza, pensando solo en medir el comportamiento de la Asamblea. “Necesitamos fortalecer normativas para recuperar la paz y no un globo de ensayo. Seguramente si no se aprueba dirán que la Asamblea no sirve”.
Yumbay, Dina Farinango y Alex Toapanta ya remitieron sus observaciones, “porque esta y cualquier ley debe ajustarse al marco constitucional y si se habla de un conflicto armado interno hay que remitirse al derecho internacional humanitario. Hay que salvaguardar los derechos de aquellas personas que no estamos involucradas en ese tipo de actividades (crimen organizado)”.
El apunte de un politólogo
El politólogo Santiago Cahuasquí dice que en lo táctico el proyecto es lanzado como un “termómetro” y puede ser una forma de justificar la falta de avances hacia una Constituyente, deslizando la responsabilidad hacia la Asamblea.
En lo programático cree que “el proyecto da cuenta de una tendencia regional de securitización de la política. No es de urgencia económica, sino un mecanismo jurídico para ampliar las atribuciones del Ejecutivo en temas de seguridad y justicia penal. El riesgo es que, como en el Salvador, se naturalice la excepción como norma, debilitando los contrapesos del legislativo y de la Corte”.
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