La identificación de grupos criminales terroristas incluye también a los Latin Kings, una pandilla que pasó a denominarse organización urbana luego de que firmara un acuerdo de paz con sus enemigos, los Ñetas, en el año 2006, durante el gobierno de Rafael Correa. Un año más tarde, en 2007, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) legalizó a este grupo como Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas del Ecuador, a través del acuerdo ministerial 689, según ha informado esta asociación por medio de un comunicado.

Por ese motivo, rechaza la vinculación como terroristas que le ha hecho el presidente de la República, Daniel Noboa, en el decreto ejecutivo 111, del 9 de enero de 2024. “Queremos progresar alejados de la violencia y la delincuencia que vive el país”, consta en el escrito de los Latin Kings.

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Sin embargo, esta agrupación ha sido relacionada con actos relacionados con el caos que atraviesa el país e incluso, en la justificación del decreto presidencial, se la vincula con bandas peligrosas del país y con una organización criminal internacional: Cartel Jalisco Nueva Generación, de México.

Kléber Riofrío, experto en Derecho Constitucional y Penal, explica que el comunicado de los Latin Kings les podría servir para deslindar la responsabilidad de los últimos atentados. Sin embargo, él considera que podría haber un conflictivo jurídico, debido a que el decreto 111 identifica a este y otros grupos como beligerantes.

Lo califica de innecesario y un exceso que llevaría a un conflicto jurídico, porque esta clasificación es para quienes no reconocen la legitimidad del Estado y buscan tomarse el poder político por la fuerza, algo que no buscarían estas organizaciones. “Creo que la intención de estos grupos armados, que son empresas criminales, es seguir cometiendo crímenes al margen de la ley, pero con una finalidad económica y no política”. Para Riofrío, se deberían crear políticas públicas que “igual ataquen la criminalidad y las arcas económicas de estos criminales”.

El abogado Kléber Riofrío apunta a que se deben reforzar las investigaciones financieras para debilitar a las agrupaciones delictivas.

Posible solución

“Retirarles ese reconocimiento”

El abogado constitucionalista Julio César Cueva explica que el actual Gobierno, para evitar reclamos de una asociación que cuenta con personería jurídica, puede “retirarles ese reconocimiento”. “Yo puedo tener una empresa legalmente constituida, por ejemplo, pero usarla de fachada para mandar droga (...). En el caso de esta gente es exactamente lo mismo”, concluye.

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