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Daniel Noboa emitió el decreto 175.CORTESÍA

Las razones de Noboa para renovar el estado de excepción en la provincia del Guayas

Informes de seguridad revelan la persistencia de la violencia y el accionar de grupos delictivos también en otras provincias

El presidente Daniel Noboa renovó por treinta días adicionales el estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía (Bolívar) debido a la persistencia de una "grave conmoción interna".

¿Por qué el Gobierno renovó el estado de excepción en Guayas?

La medida, oficializada en el Decreto Ejecutivo 175, se fundamenta en informes de inteligencia y seguridad que confirman que los hechos violentos que motivaron la declaratoria inicial no han cesado y continúan representando una grave amenaza para la seguridad ciudadana y el orden público.

Los cadáveres fueron descubiertos en una zona de difícil acceso en Taura, en Naranjal.
En Taura, cuerpos fueron encontrados en una zona de difícil acceso.Carlos Klinger
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El decreto presidencial expone una serie de fundamentos fácticos que evidencian la continuidad de la violencia. Entre los hechos citados se encuentra un artículo de Diario EXPRESO del 3 de octubre de 2025, que reporta cinco asesinatos en menos de 24 horas en los cantones de Nobol, Palestina y Naranjal, manteniendo en zozobra a los moradores.

Además, el documento detalla otros eventos de alto impacto que demuestran la gravedad de la situación en las provincias intervenidas:

Asesinatos a funcionarios: Un concejal de Durán fue asesinado a balazos junto a su escolta el 27 de septiembre, sumándose al homicidio del director financiero de esa misma alcaldía días antes.

- Ataques con explosivos: En Machala, se reportó la detonación de un artefacto en la vivienda de la exesposa del fiscal provincial de El Oro el 1 de octubre.

- Crímenes en Manabí: En Manta, una ola de ataques armados dejó 15 personas asesinadas en solo cuatro días, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

- Tácticas de sicarios: Se registraron crímenes donde los atacantes se hicieron pasar por policías para irrumpir en viviendas, como ocurrió en Quevedo y Vinces.

Las cifras del Decreto

La decisión del Ejecutivo no se basa únicamente en reportes de prensa. El Decreto 175 se sustenta en informes clasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estos documentos, calificados como secretos, actualizan la dinámica de los grupos criminales, su injerencia geográfica y la continuidad de sus operaciones violentas.

Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fechado el 30 de septiembre de 2025, es claro al señalar que los hechos violentos persisten, por lo que resulta necesario renovar la medida para que las fuerzas del orden puedan continuar apoyando en la contención y desarticulación de los grupos armados organizados.

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Según datos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, solo en septiembre de 2025 se coordinaron 6.210 emergencias relacionadas con delitos violentos en las zonas bajo estado de excepción. De este total, la provincia del Guayas concentra el 65,8% de los casos (4.088 emergencias), seguida por Los Ríos con el 13,2%.

Por su parte, la Policía Nacional reportó que entre el 1 y el 30 de septiembre, la mayoría de los indicios balísticos levantados en procedimientos correspondieron a muertes violentas, con un 68,23% del total. 

La renovación del estado de excepción mantiene la suspensión de dos derechos constitucionales, con las limitaciones ya establecidas por la Corte Constitucional en su dictamen 5-25-EE/25:

  1. Inviolabilidad de domicilio: Permite a la Policía Nacional realizar allanamientos sin orden judicial previa si se sospecha que en un inmueble se ocultan pruebas, integrantes de grupos criminales u objetos ilícitos.
  2. Inviolabilidad de correspondencia: Faculta la interceptación de comunicaciones para obtener información sobre la ubicación y planificación de actividades delictivas.

Ahora, el decreto está en la mesa de la Corte Constitucional, quien en el tiempo que considere prudente, podría anular el decreto si encuentra inconsistencias. 

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