La metida de mano a la justicia se juega en la Corte Nacional

La presidencia de la Corte Nacional de Justicia está vacante y los operadores judiciales de Carondelet redoblan sus esfuerzos para asegurar el nombramiento de alguien a quien puedan manipular. Desde el fin de semana, no han parado de telefonear a los jueces con posibilidades de ocupar el cargo. Algunos ni les contestan las llamadas. A un par de ellos, directamente los han vinculado en investigaciones previas (en el caso Confortable, por ejemplo, que llevaba cinco meses paralizado y se reactivó de pronto) como un mecanismo de presión. Los nueve que firmaron la carta dirigida a José Suing, pidiéndole que convocara una sesión extraordinaria para retirarle su voto de confianza, han mantenido intensas e interminables reuniones en busca de un nombre de consenso. El resultado se verá este miércoles 14 de enero, a las 10:00, cuando el pleno de la Corte celebre su sesión definitiva: los 21 jueces (diez titulares y once temporales nombrados por la Judicatura de Mario Godoy) han sido convocados.

¿Qué busca el Gobierno? Por lo menos, alguien que les ayude a mantener el orden (su orden) en el Consejo de la Judicatura. Ante la inminente salida del desacreditado Godoy, Carondelet necesita un presidente de la Corte Nacional que impida que su suplente, Alexandra Villacís, a quien no pueden controlar, lo sustituya a la cabeza de ese organismo, como corresponde. En su lugar, quieren comprometer a quien sea designado nuevo presidente de la Corte para que envíe una nueva terna al CPCCS con nombres impuestos por el Gobierno. En fin: lo que habría hecho el bien mandado de Pepito Suing, que nomás para eso servía.

En la batalla mediática, un nombre lleva la ventaja: Daniella Camacho suena como la sucesora natural de Suing por supuestamente ser la jueza de mayor antigüedad de la Corte. De hecho, dirigió ya la sesión del lunes, en la que Suing presentó su renuncia. Una resolución, en efecto (la número 03 de 2024, en la que el pleno encarga a Suing la presidencia y nombra a Enma Tapia como su subrogante), establece que, en ausencia de ambos, el juez más antiguo pasaría a ocupar la presidencia. Y como Tapia había renunciado horas antes de Suing, el nombre de Camacho se impuso en todos lados. Sin embargo, hay otros tres jueces igual de antiguos que ella y con las mismas calificaciones que merecerían idéntica consideración: Consuelo Heredia, Katherine Muñoz y Marco Rodríguez.

En torno a esos tres nombres giran los intereses del importante grupo de jueces que han impulsado este proceso. Su principal interés, según pudo conocer este Diario, es reafirmar la independencia de la Corte y establecer distancia con los intereses del Gobierno. Esto pasa, precisamente, por comprometerse a respetar los procedimientos internos del Consejo de la Judicatura, respaldar a la suplente Alexandra Villacís en caso de producirse la salida de Godoy, por destitución o renuncia, y abstenerse de enviar una nueva terna al CPCCS para su reemplazo. Exactamente lo contrario de lo que tratan de conseguir los operadores de Carondelet. Se sabe que han llegado a jurar este compromiso sobre la Biblia.

Una fallo polémico que benefició al gobierno

En cuanto a Daniella Camacho, poco a poco ha ido perdiendo la confianza de este grupo de jueces. Ella sí contesta las llamadas de los operadores del Gobierno y parece concederles demasiada importancia. Además, ya ha demostrado su disposición de cruzar cualquier límite con el fin de complacer al poder de turno. Así lo demostró su reciente decisión de archivar una investigación abierta contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) por tráfico de influencias, cohecho y conflicto de intereses. La denuncia, presentada por el activista azuayo Yaku Pérez, reunía suficientes elementos como para justificar una investigación: había una reunión de los ejecutivos de DPM con la primera dama, una donación a sus programas de ayuda social y, a los pocos días, la concesión por parte del Gobierno de los permisos ambientales que permitían a la minera entrar en fase de explotación, a pesar de que sus estudios de impacto ambiental eran un fraude técnicamente demostrado. Camacho no sólo archivó el proceso sino que cometió el exceso de calificar la denuncia como “temeraria”.

En cuanto a Suing, se puede decir de él que dejó su cargo de presidente de la Corte Nacional con la misma falta de decoro con que lo ejerció. Dijo que se iba “para salvaguardar la institucionalidad de la Corte” pero no tuvo el coraje para admitir que quien la puso en riesgo fue él, con su obsecuencia con el poder político. Perdió la confianza del Pleno por haber complacido al gobierno con la designación de Mario Godoy como integrante de la terna para elegir presidente del Consejo de la Judicatura (no una: dos veces), pero hasta el último minuto se negó a admitir que eso fuera un error. Incluso luego de conocerse que la Judicatura de Godoy presiona a jueces para que dicten sentencia a favor de narcotraficantes, Suing continuó defendiendo la legitimidad de esa designación. Por lo menos su predecesor, Iván Saquicela, aprovechó la oportunidad de reivindicarse ante el país y retiró públicamente su confianza a Wilman Terán, a quien él había incluido en la terna para ese mismo cargo. Suing, en cambio, se obstinó en su deshonroso despropósito. Y arrastró con él a todo el sistema judicial ecuatoriano.

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