Los juzgados constitucionales, otro concurso con cero avance

El Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, suma otra deuda con el país: el concurso de méritos y oposición para los jueces especializados en Garantías Constitucionales.

Su avance es cero, pues aún no hay reglamento ni convocatoria para los postulantes. Aun si el proceso comenzara mañana, la Judicatura no lograría nombrar a los 50 jueces especializados hasta el 9 de mayo de 2025. Ese día entrará en vigencia la enmienda a la Constitución y las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En abril de 2024, más de 13 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas y una mayoría aprobó crear este tipo de autoridades. El objetivo era frenar el abuso de ciertos magistrados de primer nivel, que gozan de la facultad de conocer demandas en materia constitucional y que con sus fallos han sacado de la cárcel a delincuentes con sentencias condenatorias, han ordenado el pago de millonarias indemnizaciones a favor de privados, han ordenado bajar concursos públicos, etc.

Sus abusos incluso han derivado en destituciones y causas por prevaricato y por delincuencia organizada.

Solanda Goyes, vocal de la Judicatura, dice que ha insistido a Godoy para que avance con este concurso. “La Judicatura tiene un modelo hiperpresidencial. Si el presidente no pone en la orden del día el tema del concurso, los procesos no avanzan”.

Para la vocal, entre las razones para que este concurso esté retrasado está que el actual presidente decidió revisar el trabajo que “ya se avanzó con celeridad en el periodo de Álvaro Román (...) Se demoró seis meses en poner en conocimiento (del Pleno) algo que ya estaba trabajado con anterioridad”. Recién en enero pasado se crearon, en el papel, las unidades de Garantías Constitucionales.

Goyes dice que el problema también radica en la inestabilidad institucional. En los ocho meses de gestión de Godoy, se ha nombrado a cinco directores encargados de la Dirección de Talento Humano.

“No puede ser que en Talento Humano, donde están estos procesos tan importantes, se haya pasado por cinco directores y ocho o nueve subdirectores. No hay estabilidad, no conocen las normas ni las principales facultades y eso hace que los procesos no avancen”.

Talento Humano está a cargo del proceso de evaluación de los jueces del país y de los concursos para el Banco de Elegibles y para la Corte Nacional, que fue echado abajo y que no se ha vuelto a anunciar.

El resultado es que no hay un banco de jueces para elegir, por lo que los magistrados no pueden ser impulsados en sus categorías; los 90 jueces que fueron recientemente promovidos, lo hicieron sin evaluación y con una resolución de 2016; y la Corte Nacional de Justicia trabaja con una mayoría de jueces temporales o conjueces.

Las fases del concurso y los tiempos 

Todo concurso tiene fases: inscripción, presentación de requisitos, revisión, prueba de confianza, méritos, oposición, impugnación, revisiones de calificaciones, conformación de veedores, curso de formación inicial en la Escuela de la Función Judicial... Por ello, los jueces no estarán listos dentro del plazo legal.

¿Qué hará la Judicatura para tener listos los jueces especializados en Garantías Constitucionales? “Para cumplir hasta mayo, la única posibilidad que existe es hacer un concurso interno, pero debemos debatirlo en el pleno”, agrega Goyes. Con este panorama, es casi un hecho que las Unidades de Garantías Constitucionales funcionarán con jueces temporales.

Sin embargo, hay otro camino, que ya se ha adoptado cuando se trata de llenar jueces en la Corte Nacional: la declaratoria de necesidad emergente del servicio de justicia, lo que daría lugar a que se haga un procedimiento interno de selección.

Según el Consejo de la Judicatura, se necesita seleccionar 50 jueces para que trabajen en 12 provincias. Ellos serán los encargados de imponer los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho constitucional.

Revisarán los pedidos de habeas corpus en caso de una detención arbitraria y otorgarán medidas cautelares en caso de que haya riesgo de daño de un derecho como al trabajo. Y para esto se requiere de 84 secretarios y ayudantes judiciales y un presupuesto de nueve millones de dólares.

• Pleno. El actual Consejo de la Judicatura está en funciones prorrogadas, pues el CPCCS también ha tardado en la selección.

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