
Justicia en Ecuador: A la grave escasez de jueces se suman más de 50 destituciones
La crisis del sistema aumenta por la salida de magistrados que no han sido reemplazados
Durante este 2025, el sistema judicial ha enfrentado una de las mayores crisis de los últimos años: corrupción, jueces asesinados, falta de recursos económicos y destituciones de jueces que no se reemplazan.
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Más de cincuenta jueces han sido destituidos por decisiones del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy. Las remociones han dejado vacíos en unidades judiciales y tribunales de varias provincias, mientras los concursos para reemplazarlos no avanzan desde 2024.
El sustento de las destituciones
La mayoría de las destituciones se fundamenta en infracciones disciplinarias previstas en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sanciona a quienes hayan actuado con “negligencia manifiesta o error inexcusable” en el ejercicio de sus funciones.
Con este argumento, el Consejo de la Judicatura ha cesado a jueces de primera y segunda instancia en todo el país. Pero la mayoría están en provincias como Guayas, Manabí, El Oro y Santo Domingo, donde se concentra la mayor carga procesal, varios tribunales y unidades judiciales operan sin titulares.
En Guayaquil, por ejemplo, hay ausencias en la Sala Especializada de lo Penal, la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y el Tribunal de Garantías Penales. También faltan jueces en unidades civiles y de violencia contra la mujer.
En Machala, tres jueces del Tribunal de Garantías Penales fueron separados de sus cargos, así como una jueza ponente de la misma ciudad. En Manta, Chone y Rocafuerte, en la provincia de Manabí, también se registran destituciones. La situación se repite en Santo Domingo, Pasaje, Paltas, Balsas, Puebloviejo, Montecristi, Valencia, Atacames y Bucay, donde las unidades judiciales operan con personal prestado.
Sin convocatoria a concursos
A pesar de la magnitud del problema, el Consejo de la Judicatura no ha convocado aún los concursos públicos para reemplazar a los jueces destituidos. El reglamento para la selección de magistrados debía aplicarse desde finales de 2024, pero el proceso acumula más de un año de retraso.
Según los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (ONU, 1985), los jueces deben ser seleccionados por su capacidad, integridad y experiencia, sin influencias indebidas del poder político, económico o partidista. “Cuando los jueces llegan por mérito y trayectoria, son menos vulnerables a presiones externas y más libres para decidir conforme a la ley y la Constitución”, indica Luis Ávila, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.
Mario Godoy ha defendido las destituciones como parte de un “proceso de depuración” interna, pero dentro del sistema judicial crece el malestar por la falta de reposición de los cargos. “En el país hay un déficit de más de 1.600 jueces y fiscales. Si tenemos menos jueces, la capacidad de respuesta disminuye y son los usuarios de justicia quienes sufren las demoras”, agrega Ávila.
En algunas provincias, como Pastaza o Santa Elena, los usuarios deben esperar semanas para que se asigne un juez competente. En otras, los procesos se trasladan a cantones vecinos, lo que incrementa los costos y los tiempos de respuesta.
Andrés Domínguez, del Colegio de Abogados de Tungurahua, cuenta que la falta de funcionarios socava la confianza del sistema de justicia. “Somos los abogados los que lidiamos con las quejas de personas que no ven que avancen sus casos”. Los procesos más afectados son los de Familia, Laborales y penales.

Sanciones que llegan tarde
El pasado 26 de septiembre, el Consejo de la Judicatura destituyó al exjuez Jhon Erik Rodríguez Mindiola de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi (Guayas).
Sin embargo, él ya no está en el cargo desde 2024. Fue destituido porque Rodríguez desnaturalizó una medida cautelar con la que sacó a la cárcel a Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, quien cumplía pena en la Cárcel 4 de Quito.
Rodríguez también liberó a dos sicarios de Los Lobos y devolvió los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas. Esta acción derivó en que el Tribunal Contencioso Electoral le sancione. En ese proceso de justicia electoral, Rodríguez fue defendido por el abogado Mario Godoy, entonces en el libre ejercicio, hoy presidente de la Judicatura. El juez, además, fue procesado por prevaricato.
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