Una jueza de la Unidad Judicial Civil de Pichincha declaró improcedente, este 22 de febrero de 2021, la acción de protección solicitada por los exintegrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) destituidos, encabezados por Gustavo Jalkh.

La demanda también fue firmada por Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía y Néstor Arbito, quienes fueron cesados en 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición que era liderado por Julio César Trujillo (+).

La intención de los demandantes es que la justicia les restituya los cargos, porque consideran que se violentaron sus derechos constitucionales con esta resolución del transitorio. Ninguno de ellos acudió personalmente a la diligencia.

Quien sí estuvo presente fue la presidenta del actual CPCCS, Sofía Almeida, que defendió la resolución adoptada por el anterior Consejo de Participación y recordó que estas decisiones fueron “blindadas” por la Corte Constitucional. También fue convocada la Procuraduría General del Estado.

“Se explicó a la jueza que es improcedente esta acción de protección y eso fue acogido. También se habló sobre todas las denuncias que hubo en el Consejo de Participación transitorio en contra del los exvocales de la Judicatura y del informe de la Comisión de la Verdad”, dijo Almeida.

A ese Consejo de la Judicatura se le acusó de tener un conflicto de intereses que influyó en el funcionamiento del organismo y de la Justicia en general. Más de 800 denuncias sirvieron como respaldo de la destitución.

El consejero de Participación, Hernán Ulloa, manifestó que detrás de este reclamo, luego de casi tres años, hay un mensaje claro: “quieren regresar a hacer lo mismo, a meterle la mano a la administración de justicia. Eso no lo vamos a permitir”, señaló.

La decisión judicial fue apelada verbalmente por los abogados de los demandantes, quienes lo harán por escrito en las próximas horas.