Los fiscalizadores serán fiscalizados. Otra vez, un supuesto informe de la Contraloría será motivo de una investigación en la Fiscalía. Se trata de uno de los documentos que Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (Ind.) presentaron como prueba en el juicio contra el Consejo de la Judicatura.

Tras la salida de Carlos Pólit de la entidad de control (acusado por su relación con la red de sobornos de Odebrecht) se han detectado, al menos, dos informes más con irregularidades: los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia y los contratos del ECU-911.

Ahora, Tello y Bernal sustentaron parte de su acusación en el informe DAAC-0070-2016, que dice: “El Presidente y Vocales Miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resoluciones (...) otorgaron nombramientos para Agentes Fiscales sin considerar el orden de puntuación, el cargo para el que postuló la persona elegible como se detalla en el anexo 9 y se cita como ejemplo los siguientes...”.

Cuando los legisladores entregaron el documento en la Comisión de Fiscalización, el informe no constaba en la web de la Contraloría. Fue publicado nueve días después. Pero, a pesar de que ese informe general, menciona al presidente y los vocales, la entidad de control no estableció responsabilidades contra ellos.

Para la asambleísta socialista, Silvia Salgado, quien se abstuvo de votar por el juicio político, todo está claro. “Hay una certificación de la Contraloría que dice que el documento no coincide en el contenido. Se presume que es falso”, dijo.

Bernal se defiende. “Presentamos el relato mediante el cual accedemos al informe de Contraloría para contarles que, a través de esta pista, nos enteremos de este delito, de este incumplimiento. Se preocupan de la pista y no del delito”, aseveró. No explicó cómo obtuvo ese documento.

El viernes, por decisión unánime de la Comisión de Fiscalización, el expediente del pedido de juicio irá a la Fiscalía. En la Asamblea se presumen delitos de falsificación de documentos e intento de llevar a error a la Asamblea. Eso se hará aunque no se resuelva todavía el futuro del juicio político. Eso se tratará en una nueva sesión de la Comisión de Fiscalización, sin fecha todavía.

Lo que sí hubo fueron nuevas acusaciones. Bernal cree que la abstención de varios legisladores sería porque hay vinculaciones de familiares con puestos otorgados por la Judicatura. “La asambleísta Lira Villalba para no votar a favor del juicio, su hermana fue designada notaria pública, en Quitumbe, en la notaria 46”, complementó su compañero de bancada, César Carrión. RRG/IGF

Jalkh se despidió del Consejo

Los cinco miembros del Consejo de la Judicatura, cesados la semana anterior por el Consejo de Participación Transitorio, ya se ven fuera del organismo.

El presidente de la entidad, Gustavo Jalkh, dio ayer un balance de cinco años de gestión en una rueda de prensa que fue anunciada como la ‘última’.

Jalkh está seguro de que el Consejo Transitorio no tomará en cuenta las más de 200 hojas que presentaron el viernes como parte del recurso de revisión a la cesación de la que fueron objeto los vocales.

En una exposición que sonó a despedida, Jalkh expresó su satisfacción por el cambio que se ha hecho en la justicia.

Anunció que se han construido y readecuado más de 350.000 metros cuadrados de instalaciones judiciales en todo el país.

Dijo que dejan ideas, planes y trabajo y espera que quienes tomen la posta en el organismo lo hagan amparados en la ley.

Se refirió también al curso que tuvo el juicio político en contra de los vocales. Reiteró que en la mesa de Fiscalización no ha habido los votos, el tema y el procedimiento del juicio ha concluido y está cerrado. MCV