Juicio a Solanda Goyes: ¿Qué pasó con el informe de Comisión de Fiscalización?
Mesa legislativa pidió una prórroga para la aprobación del documento en el que se recomendará o no el enjuiciamiento al Pleno
El informe de la Comisión de Fiscalización respecto al juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, aún no ha sido concluido. La mesa legislativa solicitará una prórroga al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para poder aprobar el documento.
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La decisión fue tomada luego de que, el 30 de julio de 2025, durante la sesión de la comisión, se cumpliera el plazo estipulado para la aprobación del informe. No obstante, el documento aún no había sido presentado, y el borrador sería trabajado en una mesa técnica junto a los asesores de los asambleístas para su posterior tratamiento.
Ante ello, el cronograma para la emisión del informe —el cual sugerirá el enjuiciamiento o archivo de la solicitud— fue modificado. Si el CAL acepta la prórroga, el informe deberá ser aprobado hasta el lunes 4 de agosto de 2025.
La moción para pedir la extensión fue planteada el 30 de julio de 2025 por la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia, y fue aprobada con los seis votos del bloque ADN. Se espera ahora la resolución del CAL sobre dicha solicitud.
¿De qué se acusa a Solanda Goyes?
La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, enfrenta un pedido de juicio político formulado por el asambleísta oficialista Fernando Jaramillo, quien la acusa de incumplimiento de funciones por no asistir a una sesión en la que debía definirse el reglamento para la implementación de las judicaturas especializadas en materia constitucional.
El 22 de julio de 2025, durante la presentación de pruebas, Jaramillo sostuvo que “Solanda Goyes estaba en conocimiento de que, sin su presencia, no podía darse el quórum para el tratamiento de las judicaturas especializadas”, y añadió que dicha conducta “configuró un boicot institucional”.
Por su parte, Goyes afirmó que “no puede permitirse que el juicio político se convierta en un mecanismo de presión o interferencia de decisiones que deben ser técnicas o que tienen el carácter jurisdiccional”.
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