Goyes y Godoy evitan destitución de tres jueces pese a fallo de error inexcusable

Los jueces José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal, integrantes de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se salvaron de la destitución. La Corte Constitucional los había señalado por cometer error inexcusable. El área disciplinaria del Consejo de la Judicatura recomendó sancionarlos con la destitución, pero la decisión se diluyó.

Mario Godoy, presidente del Consejo, alegó conflicto de interés. Dijo que la jueza sumariada Bravo Pardo tramita una denuncia que él presentó por presunta calumnia contra la jueza Nubia Vera. Con ese argumento, se abstuvo de votar y de presentar una moción.

“Al existir un claro y evidente conflicto de interés que puede, sin duda, generar un problema respecto de la imparcialidad en la resolución de este caso, al ser la juzgadora sumariada la que sustancia una causa penal en la que soy actor, me abstengo de emitir mi criterio”, dijo el funcionario.

Godoy no se retiró de la sesión. Tampoco delegó a su alterno, Álvaro Román, para que se principalice, como permite el reglamento. Así aseguró el cuórum y dejó el caso en manos de las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui.

¿Cómo nace el conflicto de interés?

En diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera denunció que Godoy supuestamente la presionaba, a través de su asesor Jorge Carrillo y el director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, para fallar a favor del Ejecutivo. Según Vera, estos habrían pedido que no restituya a Verónica Abad, luego de que el gobierno la removió mediante una acción de personal firmada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien aspira a integrar el próximo Consejo de la Judicatura. Por este motivo, Gody está siendo investigado por la Fiscal´ía General del Estado.

Tras la excusa, la vocal Goyes presentó la moción. Dijo que revisó el caso y determinó que los jueces no actuaron por un interés personal, sino para solventar una necesidad económica de la Función Judicial. Propuso una sanción menor: un mes de suspensión sin sueldo.

En cambio, la Corte Constitucional fue categórica. Señaló que los jueces violaron la seguridad jurídica, la legalidad y la separación de poderes. Al aceptar una acción de protección presentada por Wilman Terán, entonces presidente de la Judicatura, con la que ordenaron al Ejecutivo asignar más presupuesto a la Función Judicial. Para el alto tribunal, esa orden invadió competencias exclusivas del poder político y rompió el equilibrio de funciones.

"A juicio de esta Corte, los jueces de la Sala incurren en una equivocación inaceptable. Su actuación judicial se aparta ampliamente de la naturaleza y del fin que persigue la acción de protección, porque no se limita al amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales, sino que se inmiscuye en la asignación de recursos públicos a órganos estatales, lo que conlleva la alteración directa del Presupuesto General del Estado. El aceptar la demanda de Wilman Gabriel Terán  supone un desconocimiento total de la Constitución, por lo que esta Corte encuentra que esta decisión solo puede identificarse como un error inexcusable en la aplicación de normas constitucionales y principios básicos de Derecho por parte de la Sala".

Pero Goyes desestimó ese argumento. Insistió en que los jueces respondieron a una necesidad institucional. “Los jueces actuaron en función de una necesidad de la Función Judicial, por eso me parece que es totalmente diferente este caso a otros donde actúan en función de un interés personal”, agregó.

La vocal Yolanda Yupangui, visiblemente molesta, apoyó la moción, aunque recordó que la Corte Constitucional calificó el hecho como un error inexcusable. Dijo que el país no puede permitir la impunidad y que, ya que el presidente de la Judicatura subió el caso al pleno el mismo día que prescribía, debía terminar la sesión con alguna sanción.

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