El presidente Guillermo Lasso ya fue notificado (dos días después) con la resolución que fue adoptada el pasado martes 9 de mayo de 2023 en el pleno de la Función Legislativa, para continuar con el juicio político en su contra por presunto peculado.

El documento llegó a la Presidencia de la República la noche del 11 de mayo y lo firma el secretario General de la Asamblea, Álvaro Salazar. Ahí se incluyó la decisión adoptada con los votos de 88 legisladores y un enlace electrónico para acceder al expediente íntegro de sustanciación.

El martes 16 de mayo es la fecha tentativa que se maneja en el Legislativo para que acuda a defenderse el mandatario. La legisladora Viviana Veloz de Unión por la Esperanza (Unes), una de las promotoras del juicio, dijo que tiene conocimiento que la convocatoria al mandatario se hará el domingo 14 de mayo, con 48 horas de anticipación.

(Le invitamos a leer: Los acusadores no tienen ni un indicio)

“La sesión del pleno, entiendo, será el martes 16. Está listo, ya se notificó y ahora se debe convocar”, señaló la asambleísta correísta que es interpelante fija de Lasso. El otro saldría entre Esteban Torres (Partido Social Cristiano) y Mireya Pazmiño.

La moción de continuar con el juicio fue propuesta por Veloz, luego que en la Comisión de Fiscalización, no hubo los votos para aprobar el informe motivado que recomendaba al pleno de la Asamblea no continuar con el juicio, porque no se había probado la causal admitida por la Corte Constitucional.

También, se difundió el documento entre los 137 asambleístas para que tengan la posibilidad de conocerlo y analizarlo, previo a la convocatoria que hará el presidente Virgilio Saquicela para escuchar a la parte acusadora, así como la defensa del mandatario.

(Le puede interesar: Carlos Rabascall: "Estoy construyendo mi candidatura presidencial para 2025")

A propósito, pese a los cuestionamientos al procedimiento de los asambleístas de oposición durante el trámite del juicio político, el secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, anunció que el mandatario si acudirá al llamado del pleno legislativo.

A la par, el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional que haga un seguimiento al dictamen de admisibilidad del juicio político, porque considera que con lo aprobado el martes los legisladores se extralimitaron e incluso, algunos de ellos podrían ser destituidos tras el control constitucional.