Los jueces Anticorrupción suman errores inexcusables
Consejo de la Judicatura ha suspendido a dos magistrados, mientras analiza si cabe la destitución
Fortalecer la lucha contra la corrupción. Con ese propósito se creó la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Sin embargo, en los dos primeros años de funcionamiento, las actuaciones de un grupo de jueces despiertan las alertas sobre prácticas que habrían afectado la eficiencia de la justicia.
No solo está el hecho de que tres de los 14 magistrados son investigados en el caso Fachada (Christian Quito Carpio, Gabriela Lara y Jairo García), sino que también el Consejo de la Judicatura suspendió el pasado 1 de mayo a la jueza María Fernanda Castro Angos.
La actuación de la jueza fue revisada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que declaró la existencia de un error inexcusable de Castro Angos, el 22 de abril.
Los hechos sobre los que se declaró este fallo se refieren a una causa por tráfico de drogas. El 6 de marzo, la jueza Castro Angos convocó a una audiencia de vinculación en el proceso 17282-2025-00099.
La diligencia avanzó, se escuchó a las partes procesales, pero en un momento la magistrada decidió inhibirse y declarar que la competencia del caso la tenía otra autoridad, quien a su vez ya se había inhibido de conocer dicho caso.
“Lo cual la sala (de la Corte Provincial) lo califica como equivocación por la falta de aplicación de la norma, pues decidió enviar el proceso a un juez que ya se pronunció sobre la competencia, creando un conflicto jurídico ajeno a las normas y reglas establecidas”, leyó el secretario del Pleno de la Judicatura en la sesión del 1 de mayo. La aplicación del derecho de la jueza Castro “ha producido un daño grave al dejar a los sujetos procesales sin acceso a un juez de primera instancia”.
La jueza, en su descargo, indicó que la Fiscalía objetó su competencia en esa causa.
Otro juez suspendido por "por manifiesta negligencia"
Lejos de ser un hecho aislado, en la Unidad Anticorrupción se han dado otros ‘incidentes’. En el caso Comandos de la Frontera, la jueza de instrucción Karol Gissela Zambrano Macías fue apartada gracias a una recusación presentada por el abogado Alexander Cabeza Bazán.
Quien debía resolver el pedido de recusación fue María Fernanda Castro Angos, quien aceptó el recurso del abogado. Este alegó ser amigo de la jueza Zambrano, pese a que se sumó al caso cuatro meses después de la imputación.
El mes pasado, la Judicatura también suspendió del cargo “por manifiesta negligencia” al juez Christian Quito. Se esgrimió como argumento una supuesta “falta gravísima” por haber inobservado los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en un caso de lavado.
El comportamiento de los jueces es de conocimiento de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, quien durante los dos años que demoró la selección de los perfiles ayudó a la Judicatura con recursos para tener autoridades con “altos estándares de probidad” y lograr sentencias en los casos de delincuencia organizada y corrupción.
- Judicatura. El concurso para estos jueces se realizó con los vocales de la Judicatura Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo.
Casos de connotación y de delincuencia organizada
La Unidad Anticorrupción está en funcionamiento desde noviembre de 2022. Estados Unidos apoyó con recursos económicos, capacitaciones y hasta equipamiento como computadoras para que este proyecto se concrete.
En este tiempo ha conocido más de 350 causas. El 28 % corresponde a procesos por delincuencia organizada y el 15 % a lavado, casos en los que están procesados cabecillas de bandas criminales como los familiares de JR, exlíder de Los Choneros, asesinado en Colombia. Otros procesos abordados ahí son con el caso Nene, Triple A, Petroecuador-La Unión, Amistad, Comandos de la Frontera y más.
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