Jorge Glas de exvicepresidente en prisión a ciudadano colombiano: sus líos judiciales

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, suma un nuevo capítulo a su controvertida trayectoria política y judicial. Años después de haber sido condenado en su país por casos de corrupción, su nombre vuelve a ocupar titulares con la confirmación de que adquirió la ciudadanía colombiana mientras enfrenta procesos pendientes en Ecuador.

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Glas, ingeniero eléctrico de formación, alcanzó la segunda magistratura del Estado en 2013, de la mano de la llamada “Revolución Ciudadana”. Su figura fue clave en áreas estratégicas como telecomunicaciones y energía, pero rápidamente se vio envuelta en cuestionamientos relacionados con el manejo de contratos estatales. En 2017, en pleno ejercicio de la Vicepresidencia, fue vinculado al caso Odebrecht y posteriormente sentenciado por asociación ilícita y cohecho, lo que derivó en su encarcelamiento.

Desde entonces, su situación ha estado marcada por un ir y venir entre procesos judiciales, beneficios penitenciarios y retornos a prisión. Sus abogados han denunciado persecución política, mientras que las autoridades sostienen que se trata de condenas en firme que responden a investigaciones sustentadas en pruebas y fallos judiciales.

La reciente confirmación de que Glas obtuvo la nacionalidad colombiana abre un nuevo frente de debate. En el plano jurídico, se discute si este estatus podría modificar su situación frente a eventuales solicitudes de asilo, extradición o protección diplomática. En el plano político, revive las tensiones entre quienes lo consideran víctima de una justicia parcializada y quienes lo señalan como símbolo de la corrupción que golpeó al Estado en la última década.

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Jorge Glas no solo fue condenado por su participación en el escándalo Odebrecht. Su nombre también aparece ligado al denominado caso “Reconstrucción de Manabí”, uno de los procesos más recientes que lo mantiene vinculado a la justicia y que prolongó sus años en prisión.

La investigación surgió tras el terremoto de abril de 2016, que dejó más de 670 muertos y destruyó gran parte de la infraestructura en Manabí y Esmeraldas. Para financiar la reconstrucción, el gobierno de Rafael Correa impulsó una Ley de Solidaridad que elevó temporalmente impuestos y creó fondos millonarios para obras públicas en las zonas afectadas.

Según la Fiscalía, parte de esos recursos fueron desviados mediante un esquema de corrupción que involucraba a funcionarios y contratistas. En 2020, Jorge Glas fue acusado de peculado por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con el plan de reconstrucción. La tesis de la acusación sostenía que se favorecieron empresas específicas a cambio de sobornos y que se afectó el uso de fondos destinados a la emergencia.

En septiembre de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo sentenció a ocho años de prisión. Esa condena se sumó a las ya existentes por asociación ilícita en el caso Odebrecht (2017) y por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 (2020). Con ello, Glas acumuló un historial judicial que lo mantiene privado de libertad por más de una década.

Para Jorge Glas, la condena significó la prolongación de sus años de cárcel y la consolidación de una imagen pública marcada por los tribunales: de vicepresidente a uno de los funcionarios de más alto rango en ser procesados y sentenciados por corrupción en la historia reciente del país.

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