La Asamblea aúpa a los charlatanes

La administración de Facebook se bajó un video de la Asamblea Nacional. Ocurre que la sesión número 109 de la Comisión de Fiscalización infringió las normas comunitarias de la red social por incluir “información errónea que podría causar daño físico” a los usuarios. Fue el día en que, por iniciativa del legislador de Sucumbíos Eliseo Azuero y con el decidido apoyo del también amazónico Raúl Tello, el uso de dióxido de cloro se promocionó ahí como una alternativa válida para el combate del coronavirus. “Apelo a la sensibilidad de las autoridades para que se apoye”, dijo Tello.

En realidad, el video censurado no pertenece a ninguno de los órganos oficiales de la Asamblea sino al canal digital STV Imagen, una plataforma de medios amazónicos (caramba, qué coincidencia) que fue la única que transmitió esa sesión. STVI difunde noticias de la región, promociona bifes de chorizo y otras carnes para la parrilla que su director, Juan Sarmiento, entrega a domicilio, y últimamente se dedica con entusiasmo a limpiar la imagen de un producto con mala prensa: el dióxido de cloro.

Una colección de rarezas para mirarla con lupa. ¿Qué diantres hace la Comisión de Fiscalización ocupándose del dióxido de cloro? ¿Tanto le interesa el tema a Raúl Tello que decide participar aun sin ser miembro de la Comisión? ¿Y por qué la presidenta, Johanna Cedeño, que religiosamente venía transmitiendo las sesiones en su cuenta de Facebook, se abstuvo de hacerlo en este caso? ¿Por qué se retiró y dejó la sesión en manos de Eliseo Azuero?

“La Asamblea abre las puertas de par en par a la seudo ciencia. El asambleísta Eliseo Azuero busca la aprobación del dióxido de cloro, un producto tóxico”. Así tuiteó ese día Santiago Ron, PhD en biología evolutiva y uno de los científicos más respetados del país. Respetado por todos menos uno: Azuero. El asambleísta amazónico, herido en su amor propio, leyó el tuit en la sesión y montó en cólera. Dijo “A mí no me gustan los hipócritas”. Dijo “Demándeme, señor, o yo lo demando a usted”. Dijo “Aprenda a respetar”. Dijo “Aprenda a ser decente”. El clásico lenguaje bochornoso de cuando un político se propone llevar las cosas a su nivel, donde resulta imbatible.

La historia continúa esta semana. Ya la Comisión escuchó a seis médicos y supuestos investigadores que defienden el uso del dióxido de cloro, encabezados por el alemán Andreas Kalcker, a quien la comunidad científica en todo el mundo considera un charlatán. Para rematar, se emplazó a Mauro Falconí, director de la agencia de regulación y control sanitario, para que explique por qué no se ha otorgado registro a este producto, más allá del que lo faculta para trapear pisos. Falconí dijo que estaba abierto a analizar las (inexistentes) evidencias científicas. Ahí habría quedado la cosa si Jimmy Candell no se hubiera empeñado en escuchar a los científicos de verdad, los que tienen el respaldo de la Academia de Ciencias del Ecuador. Serán recibidos esta semana. El video respectivo no será bajado por los administradores de Facebook.

Yunda, otra vez al borde del ridículo

Tensa espera en el despacho de Jorge Yunda: hoy se conocerán los resultados de un nuevo análisis (y van tres) de las pruebas para detectar el coronavirus que el alcalde de Quito compró con bombos y platillos y, al cabo de tres meses, se han convertido en su pesadilla. Primero fue un laboratorio de México el que dijo que las pruebas arrojan resultados falsos en un 40 por ciento de los casos (lo cual las vuelve inservibles para los propósitos que buscaba la ciudad). Luego la Universidad de las Américas (UDLA) confirmó esos mismos resultados: las pruebas solo detectan la presencia del coronavirus cuando este se encuentra en una proporción mayor a las 500 copias por milímetro cúbico de sangre, es decir, en los casos en que se requiere hospitalización, pero no garantiza que pacientes que obtuvieron un resultado negativo y caminan libremente por la ciudad no sean, en realidad, portadores sanos. Esos dos resultados deberían bastar. Yunda, sin embargo, quiso oír una tercera opinión y se la pidió a la empresa Synlab. Mala idea.

Los científicos de la UDLA que practicaron el examen se sienten tan seguros de su procedimiento que no tienen dudas: Synlab, dicen, arribará a las mismas conclusiones. Sin embargo, se puede admitir que existe una remota posibilidad de que este nuevo examen arroje diferentes resultados. Que Synlab diga que las pruebas son efectivas en un 90 o 100 por ciento. ¿Qué hará entonces el alcalde? ¿Desechará las dos respuestas anteriores y se quedará con esta por ser la última? ¿Por ser la que le conviene? ¿Seguirá aplicando pruebas que han sido cuestionadas por dos exámenes de los más serios? ¿Pedirá una nueva opinión a un cuarto laboratorio en busca del empate? Sería, para la ciudad, una situación insostenible.

En resumen: sea cual sea el resultado de esta tercera prueba, a Jorge Yunda ya no lo salva nadie del ridículo al que él mismo se condujo: pedir, por desesperación política, una tercera opinión en un tema científico sobre el cual se dispone ya de dos opiniones coincidentes hasta en puntos y comas es, en sí, una decisión ridícula de la que Yunda no podrá salir indemne. Peor aún: mientras esperaba esta tercera opinión, el alcalde se mantuvo firme y tercamente defendiendo la validez de las pruebas. Como si las dos primeras opiniones, simplemente, no existieran. Esta actitud incrementará su bochorno y hará más patente su profunda inoperancia, sea cual sea el resultado del tercer análisis.

Los indicios de sobreprecio en la compra de las pruebas; la incapacidad de la alcaldía para administrarlas; la falta de equipos indispensables para su aplicación; el ritmo de tortuga con que se procede y que amenaza con conducir las pruebas a su caducidad antes de concluir con ellas. Y ahora esto: las pruebas PCR no son PCR y no sirven para nada. Del ridículo al que ha caído Yunda ya no se sale.