Ocho y cuarto de la mañana: el juez Iván León, vestido por primera vez con toga negra luego de la resolución que la hace obligatoria, pronunció las tan postergadas palabras “queda instalada la audiencia del caso Sobornos 2012-2016” y el proceso entró finalmente en un camino sin retorno. “¡Se instaló!”, murmuró con una exhalación y una sonrisa el autor de la investigación periodística que descubrió el caso, Fernando Villavicencio, sentado al fondo de la sala del octavo piso de la Corte Nacional. E hizo un gesto terminante con la mano. Comenzó así la primera jornada del juicio, durante la cual la causa de la Fiscalía recibiría un espaldarazo inesperado de parte de uno de los propios procesados: Pedro Verduga, de la compañía constructora Equitesa, acusado de pagar sobornos, confirmó que sí, que lo hizo por presiones de la asesora presidencial Pamela Martínez.

Afuera, con luctuosas banderas negras, un grupo minúsculo de correístas montaba guardia desde temprano sobre la vereda, aunque no por mucho tiempo: inconstantes o poco convencidos, abandonaron su lugar antes del mediodía.

Todavía después de instalada la audiencia, el abogado de Jorge Glas, Harrison Salcedo, famoso por haber enviado a la jueza Daniela Camacho (“sin ánimo de ser grotesco ni mucho menos lastimero”) una fotografía de sus heces fecales sanguinolentas para justificar una ausencia por problemas intestinales, hizo un último e infructuoso intento por detener las cosas. Con cortesía, el juez León lo mandó a sentar. De nada sirvió tampoco el nuevo recurso de diferimiento presentado por el defensor de Rafael Correa, Fausto Jarrín, con el argumento de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los recibirá el jueves próximo. También está pendiente un proceso de recusación del tribunal interpuesto por el mismo abogado. Sin embargo, León decidió que ya estaba bien de demoras. Al expresidente Rafael Correa, nueve funcionarios de su gobierno incluyendo a su vicepresidente, Jorge Glas, y a su secretario jurídico, Alexis Mera, y once empresarios del ramo de la construcción implicados por la Fiscalía en el esquema de sobornos, se les acabó el tiempo. El juicio del siglo ha comenzado.

Todo en este caso es lento y parsimonioso: con las palabras preliminares de la fiscal Diana Salazar, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, y los 21 abogados defensores se agotó la primera mañana del proceso. Por la tarde arrancó la segunda y decisiva etapa de exhibición de pruebas, contenidas en una muralla de cajas de cartón que reposan, intimidantes, en medio de la sala. Examinar todo eso puede tomar meses.

Quedaron sentadas las teorías del caso de ambas partes. La de los acusadores es clara: “Entre los años 2012 y 2016 -dijo Salazar- se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos designados como ministros, secretarios de Estado, gobernadores y asesores, cuyos roles facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones, ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos de obras de infraestructura, concedidos con violación a los principios de la contratación pública, usando la excepcionalidad para dar a sus actuaciones una apariencia de legalidad”. Se habló de “cruce de facturas”, se dijo que las empresas implicadas cancelaban las cuentas de los proveedores del movimiento Alianza PAIS, se tipificó el delito como cohecho y se identificó plenamente al jefe de la banda: “El mando de esa estructura criminal estaba a cargo del máximo representante de la Función Ejecutiva”.

“La Procuraduría -añadió Íñigo Salvador- demostrará que Rafael Correa cumplió dos roles: uno en la cúspide de la pirámide, como ordenador de gastos, y otro en la base de la pirámide, como beneficiario”.

Uno por uno, los abogados de los 21 acusados, algunos de los cuales siguieron el proceso vía videoconferencia desde Guayaquil (Alexis Mera, Viviana Bonilla…) o desde la cárcel (Jorge Glas), negaron el cometimiento de cohecho; insistieron en que los contratos de los que habla la Fiscalía, presuntamente obtenidos a cambio de sobornos, no han sido examinados por auditores o peritos; y que los acusadores no han dicho sino generalidades y no han demostrado cómo, cuándo y dónde se ha producido el cohecho que pretende demostrar. Sin embargo, no hubo en ellos la unanimidad que habría convenido a los acusados. Primero Calixto Vallejo, abogado de Viviana Bonilla, sobre quien pesa la acusación de haber financiado su campaña a la Alcaldía de Guayaquil con este tipo de fondos mal habidos, y luego María Gabriela Moreira, abogada de Pedro Vicente Verduga, de la compañía Equitesa, terminaron trabajando a favor de la causa de la Fiscalía.

¿Preguntaba la defensa de Correa, Glas, Alexis Mera, María Duarte y otros acusados cómo se producía, en la práctica, el cohecho? El abogado de Viviana Bonilla se lo dijo: “el tesorero del movimiento Alianza PAIS mandaba facturas en blanco a Pamela Martínez y ella las llenaba con los nombres de las empresas”. ¿Negaban los empresarios haber tenido cualquier tipo de contacto con la asesora presidencial Pamela Martínez, a quien la Fiscalía adjudica el papel de operadora de la trama de corrupción junto con Laura Terán? Pedro Verduga, que a sus 81 años pidió, desde Guayaquil, permiso para retirarse, y no parece estar dispuesto a complicarse demasiado la vida en este asunto, dijo lo contrario a través de su abogada y confirmó la teoría de la fiscal: que sí, que él pagó a Pamela Martínez porque lo presionaba y lo amenazaba con no cancelarle las facturas de obras ya entregadas; que desconocía el destino de esos pagos, pero que Martínez ejecutaba las presiones “como supuesta vocera de quien titularizaba la cartera de Estado”, es decir, la ministra de Obras Públicas: María Duarte.

La exministra se ponía de pie, caminaba nerviosamente, daba vueltas, pretextaba un problema de circulación y salía de la sala (pese a la petición del juez León de que no lo hiciera), desaparecía de la vista… Y lo de Verduga no paraba ahí: no sólo fue presionado en su momento por Pamela Martínez, para pagar, sino que lo había sido hasta la víspera por otro de los procesados, cuyo nombre la abogada mantuvo en reserva, para que firmara un contrato de servicios profesionales con el cual justificar algunas de las facturas que son parte del expediente. Esas fueron las mayores revelaciones del primer día del juicio por el caso Sobornos. La teoría de la Fiscalía recibió un espaldarazo de donde menos se esperaba (de la abogada de uno de los propios acusados) y se abrió un nuevo frente de investigación para su causa.

En cuanto al abogado de Rafael Correa, el ultracomunista Fausto Jarrín, que encabeza su perfil de Twitter con una hoz, un martillo y un perfil de Lenin (Ulianov, no Moreno), apeló a la “filantropía” y a los “actos humanitarios” al amparo de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que “contempla las cajas comunes”, y dijo a quien estuviera dispuesto a creerle (no la fiscal y el procurador, por supuesto) que “De eso se trataba ese fondo”. Filantropía, está clarísimo. ¿Qué más podía ser?