Marcando récords anuales de envíos, el cacao ecuatoriano ha logrado mantener una presencia hegemónica en el mercado internacional, pero bajo una progresiva pérdida de exclusividad que preocupa. Su aroma, que alguna vez lo puso en el top de la calidad de la oferta mundial, está cada vez más amenazado en un mercado que crece y apuntala sus ventas, en medio de un esquema desordenado e informal.

“Hoy podemos decir que el nivel de calidad de nuestro cacao es el peor de nuestra historia. Y que se está vendiendo al diferencial más barato promedio, esto pese a que de los árboles sale perfecto”, explica con tono de alerta Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao). El problema, añade, está en el proceso de transformación del grano que está dejando de recibir estrictos cuidados. Esto porque el proceso de secado cada vez se hace más en centros de acopio y menos en fincas, donde existe una mayor experticia para procesar el grano.

Con el tiempo suman más los agricultores que prefieren entregar su oferta a los intermediarios, el primer eslabón que optan como vía para comercializar la mazorca cosechada. A diferencia de un exportador, estos les piden menos requisitos: no necesitan tener un RUC, un RISE o firmar facturas. Solo recibir el efectivo en la comodidad del lugar donde trabajan.

Y eso preocupa. Para Anecacao esa modalidad está arraigando aún más la informalidad de este sector que ya es bastante alta. En la industria cacaotera, dice Miranda, el 93% de los más de 300.000 agricultores no están formalizados, lo que les impide tener un contacto directo con exportadores y poder vender su oferta de forma directa, a mejores precios (el quintal afuera cuesta $ 113, pero un intermediario paga al productor entre $ 95 y $ 99), abandonando la tradición de hacer una buena postcosecha. “De nada sirve que nuestro cacao en finca sea uno de las mejores del mundo, si cuando llega a los centros de acopio manejado por los intermediarios no se hace un proceso de segregación de grano, no se hace una correcta fermentación y secado perfecto”, explica Miranda.

Freddy Albiño, un cacaotero de Montalvo (Los Ríos), da fe de esto último. De un proceso de postcosecha, dice, dependen los niveles de aroma y calidad final que tiene el producto. Si eso no se hace con buenos estándares “pierde olor, no huele mucho y su sabor tampoco es el mismo”, dice. Sin embargo, en el campo la imagen del producto que va al mundo no es una de las prioridades más inmediatas. En medio de la pobreza su urgencia es garantizar una rentabilidad a su cosecha.

Albiño cuenta que hace 6 años dejó de usar RISE. Antes lo hacía porque necesitaba llevar su oferta a Guayaquil para entregarla de forma directa a exportadoras como Nestlé. Es verdad que ganaba un poco más, dice, pero esa diferencia, que tampoco es mucha, se diluye con las nuevas condiciones del mercado. Ya no es tan rentable tener que transportar su cosecha, sino hacer que un intermediario compre el grano recién salido de la mazorca al pie de su finca. Todo se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Un buen proceso de fermentación y secado tarda hasta 4 días y llevarlo a la ciudad un alto costo de transporte. “Eso antes significaba pagar $ 1 por quintal”, dice.

Hoy, con el alza de combustible decretada, trasladarlo cuesta hasta $ 3, coincide Euro Sandolla, otro agricultor de la zona, quien tampoco usa documentos para formalizar las transferencias de los 8 quintales que vende a la semana. “También incide un tema de inseguridad. A un compañero lo han asaltado 5 veces, sale del banco de cambiar un cheque y le roban. En el campo corremos riesgo, imagine llevar el producto a la ciudad”, sostiene.

No obstante, Anecacao insiste en buscar salidas. Esa falta de control, dice, no solo amenaza los niveles de calidad, sino a la propia sostenibilidad. Esto no solo expone al sector a futuros castigos al precio del grano, sino que existe el riesgo “de que el dinero sucio (lavado) también entre a la cadena”.

La clave, insiste Miranda, está en cómo se logra hacer que más personas vuelvan a la formalización, eso también implicaría mejores ingresos y rentabilidad para el sector. Pero es un proceso que, aclara, debe iniciar con los mismos intermediarios. “El Estado nos regula a los exportadores y eso está bien, pero los intermediarios tampoco tienen reglas. Cambian de nombres, de factureros, de unidad legal constantemente durante el mismo año, con el fin de eludir pagos”.

Este es un tema que desde hace tres años la industria viene exponiendo a varias autoridades del Ministerio de Agricultura. Se lo hizo en la gestión de Xavier Laso, donde se empezó a trabajar en el borrador de un reglamento para formalizar al sector que, terminó de depurarse y, hace 6 meses está listo. Este documento, que ha sido remitido a las nuevas autoridades de este Gobierno, aún no recibe observaciones. “...no saben de los diálogos y el trabajo que esto ha implicado...Ahora lo ven como algo que no es de ellos y, por ende, no importante”.

El régimen de Guillermo Lasso ha puesto la reactivación del agro como uno de los principales retos. Ha ofrecido créditos, capacitación y asistencia, pero en cuatro meses de mandato no se ha hecho público un programa que ayude a canalizar esos ofrecimientos. Los planes del sector cacaotero tampoco se conocen. Este Diario pidió hace una semana al Ministerio de Agricultura una entrevista para hablar de los pedidos del sector, pero esta no llegó a concretarse.

La falta de políticas, dice Miranda, puede pasar facturas a los planes de una industria que sigue sembrando, produciendo y proyectando cada vez más exportaciones, en un mercado que cada vez se muestra mucho más competitivo y con una demanda exigente. Este año se espera cerrar con 382.654 toneladas vendidas, versus las 360.800 del 2020. Un volumen que, aun con un sector no regulado, podría alcanzar las 500.000 en el 2025, a un costo de $ 1.300 millones en divisas. El cálculo está basado en un mayor consumo mundial, que en los últimos años también proviene de países emergentes.