Imprecisiones y evasivas: así es la reforma del COIP planteada por León

La dificultad que la asambleísta Camila León, de Acción Democrática Nacional (ADN), ha mostrado para fundamentar su proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), ha puesto en evidencia la falta de claridad y motivación que tendría la legisladora para impulsar una iniciativa que busca juzgar penalmente las críticas hacia los funcionarios públicos del Ecuador.

Durante una entrevista con el periodista Ramón Sonnenholzner, León no pudo responder cuál es el texto que pretende añadir. Luego leyó textualmente las líneas que quiere incluir en el primer inciso del artículo 396 del COIP: “El juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada”.

No obstante, se le dificultó explicarlo. “Estamos sustituyendo estos temas, estamos agregando”, decía.

Tampoco precisó cómo elaboró el documento (de 11 páginas), el cual recibió las firmas de apoyo de 12 asambleístas de ADN y dos excorreístas. 

León explica cómo elaboró el proyecto de reforma

“Lo que hice fue reunirme con gremios de periodistas”, aseguró. Pero cuando el radiodifusor de RTP le preguntó los nombres, la legisladora de Azuay evitó mencionarlos. “No he preguntado a los periodistas si puedo revelar esa información”, contestó.

EXPRESO ha insistido dialogar con León. Su asesor ofreció brindar una entrevista, pero ayer no respondió a la solicitud reiterada que este Diario le realizó después de que ella presentó la propuesta de reforma.

La imprecisión para tratar el tema ha generado críticas y alertas por parte de gremios de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y de profesionales del Derecho. Incluso en la misma Asamblea Nacional se advierten posibles controversias con el proyecto.

Los cuestionamientos que enfrenta León

El legislador y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, manifestó: “Grave sería que se apruebe un artículo que dice lo mismo de las sentencias internacionales. No sé cuál es la razón por la cual se está presentando el proyecto. Espero que la Unidad Técnica Legislativa no dé paso porque sería algo redundante. Por declaraciones que le escuché a la asambleísta, no entiende el alcance del artículo que ha propuesto”.

Más allá del trámite legislativo, distintos expertos hablan de las objeciones que tendría la propuesta, al no contar con la fundamentación, ya que la proponente es cuestionada por su falta de transparencia.

León “no tenía claro el tema” y el problema de que se plantee una reforma de este tipo es que podría generar “una mala ley. Más grave aún si no está socializada, no hay una responsabilidad colectiva y es una imposición jurídica que pretende todo gobierno. No acepta la crítica como un fertilizante para su desarrollo, sino que se cree que lacera”, analizó Sonnenholzner.

A Héctor Muñoz, exlegislador de SUMA, le llama la atención que León no exponga los nombres de los supuestos participantes en la elaboración del documento. “Si la asambleísta no da nombres y apellidos de esos periodistas y a quiénes representan, y si el criterio, según ha indicado, es protegerlos, lo lógico es que haya sido una norma construida y trabajada con ellos”, subrayó.

Muñoz cuestionó que se trate de abordar esta reforma, cuando el Parlamento “debería refrescar la agenda legislativa. ¿Es un tema de urgencia? Se debe reactivar el sector productivo, económico y esto debería quedar en un segundo plano”. 

¿Por qué asambleístas cuestionados presentan proyectos polémicos?

La desconfianza y preocupación ante este tipo de propuestas legales es “el resultado de la crisis de representación que se ha fortalecido en este tiempo”, sostuvo Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

“Cuando alguien quiere llamar la atención, presenta cualquier barbaridad. Mire el debate que se ha dado. Esto no lleva a nada porque en un ambiente de polarización, como el del país, volvemos a caer en la clásica dialéctica de correístas y anticorreístas, cuando estos temas deberían ser analizados de una manera mucho más profunda, con sentido de responsabilidad y apuntando a la garantía del derecho”, resaltó.

“Lo primero que saltan son dudas de que lo que se quiere es tratar de coartar la libertad de expresión. Si se hacen estas normas en los despachos de los asambleístas o si les entregan los proyectos, allí se ven este tipo de problemas. Pero si la intención sigue, ella debería hacer un foro con todos los sectores involucrados. Todavía no es tarde”, recomendó Muñoz.

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