A punto estuvo el Banco Central del Ecuador de perder su edificio de la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil (junto con otros bienes en Miraflores y Daule), para pagar casi 70 millones de dólares en indemnizaciones a más de un centenar de extrabajadores: 68 millones 991 mil 731 dólares con 37 centavos, exactamente, para 152 personas desvinculadas de la institución. Ocurre, sin embargo, que sólo 33 de ellas habían puesto la demanda, las restantes 119 no tenían nada que ver con el proceso. ¿Quién las puso ahí? El juez Luis Alberto Quintero, de la Unidad Judicial del Trabajo del cantón Guayaquil. Y lo hizo, además, sin que el afectado por semejante decisión, es decir el Banco Central, fuera advertido a tiempo para practicar su defensa. Deshizo el entuerto, como ya es costumbre, la Corte Constitucional: en una sentencia del pasado 25 de octubre, el presidente de ese organismo, Alí Lozada, deja sin efecto lo actuado por el juez Quintero y lo declara incurso en error inexcusable.

Ahora la suerte de Quintero está en manos de Consejo de la Judicatura, que es el organismo encargado de imponer sanciones a los jueces que determina la Corte Constitucional. Se trata de un acto administrativo de inmediata aplicación, pues las sentencias de la Corte no son apelables. Sin embargo, es probable que hasta allí llegue la cosa. Se sabe que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz, que son quienes lo deciden todo ahí, no se caracterizan precisamente por su diligencia a la hora de sancionar a los suyos, así que Quintero tiene razones para sentirse protegido. No sería la primera vez que un pedido de sanción de la Corte Constitucional se paralice.

Para muestra, un botón: el juez Roberto Napoleón Angulo, de la Unidad Judicial Civil del cantón Guayaquil, continúa administrando justicia a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional determinó que era responsable de cometer error inexcusable en un caso que también tenía que ver con el Banco Central y también involucraba la devolución de una millonaria suma de dinero, vaya coincidencia: en esta ocasión el Banco Central debía devolver a un grupo de compañías privadas (por efectos de una acción de protección) 5 millones de dólares retenidos en un caso de lavado de activos. El juez Angulo, que actuó durante la fase de cumplimiento de sentencia, fue declarado responsable de alterar arbitrariamente esa sentencia para incluir a otros beneficiarios que no estaban contemplados en ella. Es decir (nueva coincidencia), algo parecido a lo que hizo el juez Quintero.

Con un agravante: el juez Angulo está siendo objeto de una investigación por delito de prevaricato por parte de la Fiscalía General del Estado. La Corte Constitucional dispuso al Consejo de la Judicatura que le imponga la sanción respectiva por su error inexcusable y los funcionarios que llevan las riendas de ese organismo, es decir Wilman Terán y Xavier Muñoz, conocido por su cercanísima relación con varios jueces de la provincia de Guayas, han dejado transcurrir todos los plazos sin acatar, hasta la fecha, tal disposición de obligatorio e inmediato cumplimiento. Así va el asunto de los tiempos: la sentencia de la Corte Constitucional es del 7 de junio; las primeras acciones de la directora provincial de control disciplinario de la judicatura del Guayas, Mercedes Leonor Villarreal, se registran, recién, el 8 de septiembre; se supone que a partir de ese momento los plazos son fatales y se agotan en 30 días, incluida la apelación. Sin embargo, han transcurrido 60 y nada: ahí sigue Roberto Napoleón Angulo, impartiendo justicia en nombre de la ley que tan alegremente ha violado.

Se trata de un juez con historia: ya en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021 se le abrieron sendos expedientes, pero ninguno condujo a una sanción. Se archivaron todos. Algún ángel tiene este hombre. Wilman Terán y Xavier Muñoz sabrán cuál.

La directora que demora

Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura que no tiene ningún proceso judicial en su contra (dato relevante en este organismo, pues hasta el presidente lo tiene), desconfía profundamente de la directora provincial de control disciplinario del Guayas, Mercedes Leonor Villarreal. Esta semana, por enésima vez, pidió su destitución por no cumplir las disposiciones de la Corte Constitucional.