García: Traslado de Álvarez "no enmienda vulneraciones del derecho a la defensa"

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo este 22 de marzo de 2026 que la decisión del Tribunal de ordenar el traslado del funcionario, de la cárcel del Encuentro a la Unidad Judicial Penal de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, evidenciaría las vulneraciones al derecho a la defensa, las cuales se habrían presentado para el desarrollo de la audiencia de juicio del caso Triple A.

El jurista explicó en un video que el Tribunal constató este domingo que "materialmente y técnicamente era imposible realizar la audiencia en la cárcel del Encuentro, donde no teníamos la posibilidad de acceso a internet ni a enchufar los computadores". Por ese motivo, los jueces ordenaron que la audiencia se reinstale a las 15:00 en esa dependencia judicial.

Sin embargo, García dijo que la disposición "no enmienda las vulneraciones al derecho a la defensa. Todo lo contrario, las ratifica, las valida". El abogado realizó esa afirmación debido a que en la jornada anterior, en la audiencia del sábado, ya expuso ante los magistrados que había tenido inconvenientes para comunicarse con Álvarez, por lo que el alcalde no habría podido revisar el expediente.

Abogado insistirá en que Álvarez sea trasladado a Quito

Debido a estas complicaciones, la defensa anunció que reiterará su pedido para que el Tribunal permita que alcalde de Guayaquil y el otro procesado asistan de forma presencial a la audiencia que se realiza en el Complejo Judicial Norte de Quito. 

"Insistiremos en que el señor Aquiles Álvarez y el señor César Bravo puedan comparecer personalmente a la audiencia de juzgamiento. Poco a poco se evidencian todas las vulneraciones a sus derechos", agregó García.

El jurista hizo esa declaración momentos antes de la reinstalación de la cuarta jornada de la audiencia de juicio, en donde estaba previsto que la Fiscalía inicie con la presentación de sus elementos probatorios con los que intenta demostrar que Álvarez, Bravo y otras 20 personas más, entre naturales y jurídicas (empresas), serían las responsables del delito de almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.

García y el abogado de Bravo acompañan a los procesados en la audiencia telemática, tras una orden del Tribunal para que los juristas ingresen a la cárcel del Encuentro y ejerzan desde ese centro la defensa técnica de los detenidos. Esa fue la respuesta ante el pedido de trasladarlos a Quito para asistir a la diligencia, una decisión que también ha sido criticada por el representante.

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