Corrupción y crimen organizado en los GAD

Los hechos de corrupción en nuestro país, en las agencias de tránsito municipales y en las empresas públicas (EP) controladas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD) municipales y provinciales, demuestran la dependencia mutua entre algunos actores políticos que acuden a grupos de delincuencia organizada (GDO) para financiar sus campañas y tomar control administrativo y presupuestario de los GAD.

Mientras, los GDO buscan lavar dinero de sus actividades criminales, adjudicándose contratos en la construcción de obras y provisión de bienes y servicios, pagados por los GAD o sus empresas públicas, además de obtener protección, impunidad y legitimación.

Lo comentado es impresentable y carece de lógica social y legalidad; la Constitución establece que el Estado garantiza la transparencia y obliga a las organizaciones políticas a rendir cuentas sobre el origen y destino de sus fondos; el Código de la Democracia prohíbe aportes ilícitos, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) verifica y sanciona incumplimientos; además, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Lavado de Activos buscan prevenir y sancionar el blanqueo de capitales.

La alianza peligrosa entre política y crimen organizado en los GAD

Los GOD inyectan dinero ilícito en campañas a cambio de favores como contratos públicos y nombramientos en puestos clave dentro de los GAD o sus empresas públicas (EP); así, asumen roles de autoridad, cogobernando y mediando entre ciudadanía y gobiernos locales.

Esta alianza promueve que mandos medios coordinen con operadores de los GOD y ejecuten la trazabilidad operativa que establezca la estructura mafiosa.

Esta amalgama criminal ha erosionado la institucionalidad de ciertos GAD a nivel nacional, cooptados por estos grupos, permitiendo que políticos corruptos se alíen con el crimen organizado para enriquecerse y sostenerse en el poder, mientras los criminales usan la política para garantizar el lavado de dinero y la continuidad de negocios ilícitos como narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y sicariato; ¿se le pondrá alguna vez el cascabel al gato?

Víctor Eligio Gavilánez Castro