Intervenir en los GAD con reformas al COOTAD enciende las alertas en la Asamblea Nacional

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea trazó una hoja de ruta con la que busca restar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La punta de lanza es la investigación sobre la gestión del tránsito, pero hay sugerencias de reformas legales que no convencen al resto de las fuerzas políticas.

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La mayoría controlada por ADN en la comisión aprobó el informe sobre las entidades municipales encargadas del tránsito. Se analizaron presuntas emisiones irregulares de matrículas que estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada.

El proceso se originó tras la intervención del Gobierno Nacional en las agencias de tránsito de los cantones de Durán y Manta. Durante las comparecencias, el ministro del Interior, John Reimberg, ya había anticipado el rumbo de la fiscalización.

Uno de los principales problemas del tránsito es lo que se hizo: eso de que cada cantón pueda tener su propia agencia y manejar el tránsitoJohn Reimberg, ministro del Interior (2 de febrero del 2026)

El informe de la Comisión reafirma esa postura. En el documento se advierte que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

Con ese enfoque, la Comisión plantea reformas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). En el primer caso, propone centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular.

La propuesta va más allá. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Las alarmas nacen de la oposición en la Comisión

Las primeras alertas surgieron dentro de la propia Comisión. La legisladora correísta Ana Cecilia Herrera advirtió que, aunque es necesario combatir la corrupción y la inseguridad, esta última no es responsabilidad exclusiva de los GAD.

El fondo es más bien político: seguir en esta línea de quitarles competencias a los GAD. Volver a centralizar un montón de serviciosAna Herrera, legisladora correísta. 

En Pachakutik también hay reparos. Mariana Yumbay consideró que, si bien se requieren reformas para enfrentar la corrupción, las propuestas planteadas no solucionan el problema de fondo: “Es peligroso. Ya se aprobó la Ley de Vivienda Social que violenta la autonomía. Lo mismo pasó con la ley que reformó al COOTAD. Con esto no se va a resolver un tema que es consecuencia de actos de corrupción de funcionarios públicos porque no hay una acción concreta”.

El independiente Cristian Benavides recordó que la gestión del tránsito es facultad de los GAD y advirtió que revertirla podría incurrir en inconstitucionalidad. A la par, cuestionó la autonomía de los municipios, al señalar que la mayoría depende de recursos del Gobierno central.

Incluso dentro de ADN hay matices. Inés Alarcón subrayó que los informes de las comisiones no son vinculantes y que cualquier cambio debe debatirse en el Pleno. “No somos ajenos a que vivimos un conflicto armado interno y toda lucha contra el narcotráfico debe ser bienvenida”, dijo.

Alarcón añadió que la autonomía no es un derecho, sino un principio orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y reiteró que la seguridad sigue siendo la principal preocupación.

Por ahora, todo dependerá del tratamiento que el Pleno le otorgue al informe. Solo después de esto y su trámite en una comisión, se medirá el alcance de una nueva propuesta que tiene como eje de intervención una vez más la gestión de municipios y en año electoral.