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Contraloría investiga a GAD: Posibles consecuencias para alcaldes y prefectos

Luego de los análisis a los procesos que ejecutan los municipios y prefecturas, la Contraloría podría determinar tres tipos de responsabilidades

Los funcionarios de la Contraloría revisan los procesos ejecutados por los GAD y luego determinan las responsabilidades, en caso de irregularidades.

Los funcionarios de la Contraloría revisan los procesos ejecutados por los GAD y luego determinan las responsabilidades, en caso de irregularidades.Foto: X Contraloría

Publicado por
Mónica Jara Chérrez

Creado:

Actualizado:

Lo que debes saber

  • Contraloría ejecuta 59 acciones de control a municipios en Guayas, Pichincha y Azuay.
  • Se analizan contrataciones, gastos y gestión administrativa que podrían generar sanciones civiles, administrativas o penales.
  • Procesos avanzan mientras prefecturas opositoras definen candidaturas para elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Al menos seis procesos que han realizado los municipios y las alcaldías del Ecuador son objeto de análisis en las 59 acciones de control que ejecuta la Contraloría General del Estado en provincias como Guayas, Pichincha y Azuay.

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De acuerdo con un comunicado de la entidad de control, los procesos que se revisan son:

  1. Operaciones administrativas y financieras.
  2. Contrataciones de bienes, obras y servicios.
  3. Gastos en publicidad y propaganda.
  4. Gestión del talento humano.
  5. Consultorías.
  6. Actualización de catastros, entre otros.

Tras dar inicio a los trámites y "luego de cumplirse el debido proceso", los hallazgos serán emitidos para que la ciudadanía conozca los resultados, informó la entidad de control el martes 8 de abril.

Las acciones de control, según detalló, son procedimientos de fiscalización a los recursos y bienes del Estado que podrían acarrear distintas responsabilidades, si el organismo detecta eventuales gestiones irregulares.

Tres tipos de responsabilidades

En ese caso, existen tres tipos de responsabilidades que la entidad podría identificar:

  • Administrativas. Estas se pueden generar por las acciones u omisiones de los funcionarios al haber inobservado o violado las disposiciones legales y por el incumplimiento de funciones. La sanción en este caso puede ser una sanción y hasta la destitución del servidor investigado.
  • Civiles. En este caso podrían establecerse glosas u órdenes de reintegro al identificar un perjuicio económico por el manejo de recursos económicos o materiales. 
  • Responsabilidad penal. Este tipo de obligaciones determina que los funcionarios podrían haber incurrido en delitos contra la administración pública, tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etc.

De hallar indicios de responsabilidad penal, la Contraloría remite los informes a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones del caso. El funcionario o empresa señalados podrían enfrentar un proceso penal cuya sanción es la privación de libertad y la indemnización al Estado.

La Contraloría aclara que si bien puede determinar ese tipo de responsabilidades, las personas naturales o jurídicas (empresas que sean contratistas del Estado) pueden presentar sus pruebas de descargo en las distintas fases del proceso.

Sin embargo, los plazos fijados para entregar los elementos y documentos que acrediten que el funcionario no es culpable varían hasta los tres meses, en función del tipo de responsabilidades halladas: 

    1. 30 días em caso de las responsabilidades administrativas.
    2. 60 días para las civiles.
    3. 90 días se otorgan para cumplir con las órdenes de reintegro.

    Transcurrido ese tiempo, los auditores de Contraloría revisan y analizan la documentación y determinan si los señalamientos se confirman, desvanecen o caducan.

    Hasta el momento, Contraloría no ha detallado los procesos específicos que revisa. Solo señaló que las provincias que concentran las acciones de control son Guayas y Pichincha, con 12 cada una, seguidas de Azuay, con cinco procesos en desarrollo.

    En las tres localidades, las prefecturas están dirigidas por autoridades contrarias al Gobierno: Marcela Aguiñaga, Paola Pabón y Juan Lloret, respectivamente.

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