Presupuesto de GAD en debate: Corte admite acción contra reforma al COOTAD

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite una acción pública de inconstitucionalidad presentada por el concejal Andrés Campaña en contra de la reforma a la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la asignación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

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A través de su cuenta en la red social X, el edil informó que la causa fue aceptada y que la Corte otorgó un plazo de 15 días a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas para que emitan sus respectivos pronunciamientos.

Corte Constitucional admite la demanda, pero niega medidas cautelares

La jueza constitucional Claudia Salgado dio paso al trámite de la demanda, que busca frenar la aplicación de las reformas al COOTAD. Estas modificaciones establecen la obligatoriedad de destinar el 70% del presupuesto de los GAD a obra pública y el 30% a gasto corriente.

Sin embargo, la magistrada negó las medidas cautelares solicitadas por el accionante, por lo que la reforma continuará vigente mientras se sustancia el proceso en la Corte Constitucional.

De manera paralela, el máximo organismo de control constitucional solicitó a la Asamblea Nacional remitir el expediente completo junto con su pronunciamiento dentro del mismo plazo de 15 días. Las demás instituciones del Ejecutivo también podrán presentar sus argumentos en ese tiempo.

Acción de inconstitucionalidad contra la reforma al COOTAD

La acción fue presentada el pasado 23 de febrero de 2026 y cuestiona tanto la forma como el fondo de varios artículos de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, específicamente los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como sus disposiciones transitorias primera, segunda y tercera.

Según Campaña, la reforma —que busca mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto público— podría tener efectos contraproducentes en la gestión local, especialmente en el financiamiento de programas sociales.

“No todo es cemento”: críticas a la distribución del presupuesto

El concejal sostiene que la nueva normativa prioriza la inversión en infraestructura por encima de los servicios sociales. A su criterio, esto podría afectar directamente a sectores vulnerables, en particular a los adultos mayores.

Campaña explicó que, bajo el esquema actual, varios programas sociales se registran como gasto de inversión, lo que permite su financiamiento. Entre ellos se incluyen iniciativas de salud mental, atención a adultos mayores y servicios relacionados con fauna urbana.

Con la reforma, estos proyectos pasarían a ser considerados gasto corriente, lo que limitaría su ejecución presupuestaria.

Entre los programas que podrían verse afectados mencionó “60 y Piquito”, así como el pago a talleristas comunitarios y los salarios de profesionales en salud mental.

“El cemento por sí solo no sana ni cuida. Si solo se considera inversión al cemento y no al talento humano, no estamos entendiendo cómo funcionan las instituciones del Estado”, cuestionó el concejal.