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Diario Expreso Ecuador

Allanamiento a CNEL

Inés Manzano revela cómo habría operado presunta red de corrupción en CNEL

La ministra difundió un video donde detalla un esquema de alteración de consumos y eliminación de deudas que habría generado pérdidas millonarias

El martes 28 de abril de 2026, la agencia de CNEL, ubicada en La Garzota, al norte de Guayaquil, fue allanada.

El martes 28 de abril de 2026, la agencia de CNEL, ubicada en La Garzota, al norte de Guayaquil, fue allanada.Flor Layedra Torres

Flor Layedra
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Lo que debes saber

  • Varias oficinas de CNEL fueron allanadas en el país, el martes 28 de abril de 2026.
  • Varios funcionarios de la entidad eléctrica fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional.
  • En el allanamiento de la agencia de CNEL que funcionaba en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón, estuvo presente el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del Ejecutivo.

El Ministerio de Ambiente y Energía publicó en sus plataformas oficiales un video en el que su titular, Inés Manzano, expone el presunto mecanismo de una red de corrupción que habría operado al interior de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). En el material audiovisual se detalla cómo, según la autoridad, funcionaba este esquema dentro de la entidad pública.

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Allanamientos en investigación fiscal

El martes 28 de abril, personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron varias agencias de la entidad eléctrica. El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.

Un día después, Manzano, en el video, explica que en esta presunta estructura estarían involucrados al menos 46 funcionarios. La información forma parte de las investigaciones y denuncias que se han hecho públicas en torno al caso.

La ministra indicó que esta red habría operado dentro del sistema eléctrico del país por más de 11 años. Además, calificó el mecanismo como “claro, repetido y sostenido” en el tiempo.

Según su exposición, este esquema se habría mantenido de forma sistemática durante ese período. La funcionaria aseguró que los patrones identificados evidencian una operación prolongada dentro de la estructura estatal.

De acuerdo con las declaraciones de la ministra Inés Manzano, en los allanamientos se habría detenido a al menos 46 funcionarios.

De acuerdo con las declaraciones de la ministra Inés Manzano, en los allanamientos se habría detenido a al menos 46 funcionarios.Flor Layedra Torres

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Esquema de alteración de consumos y facturación reducida

La funcionaria explicó que el esquema comenzaba con el registro normal del consumo eléctrico del usuario. Un contratista tomaba la lectura del medidor e ingresaba los datos al sistema.

Posteriormente, según su relato, desde el interior de la entidad intervenían funcionarios que modificaban la información. Esa alteración reducía el consumo real registrado y generaba nuevas facturas con valores hasta un 80 % menores, sin sustento ni control.

Un segundo mecanismo operaba a través de reclamos de los usuarios. En estos casos, la queja era negada en primera instancia con base en los registros de consumo, pero en una segunda revisión ante el ente regulador la deuda era eliminada por completo.

La ministra señaló que ambos procedimientos tenían un mismo objetivo. Este era evitar el pago real por la energía consumida, afectando los ingresos del sistema eléctrico nacional.

Indicó además que al menos 46 funcionarios han sido identificados como parte de esta estructura. Entre ellos constarían directores técnicos, digitadores y personal de atención al usuario, quienes habrían operado desde dentro de la institución.

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Impacto económico

La autoridad también informó que más de 400.000 usuarios habrían estado involucrados en estos procesos. Solo en 2025 se habrían refacturaron $ 48 millones, de los cuales $ 27,9 millones no tendrían justificación; agregó que en el primer trimestre de 2026 se ha registrado $2 millones sin respaldo, con un perjuicio acumulado al fisco de al menos $ 300 millones en 11 años.

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