Galo Lara asume la Gobernación de Los Ríos entre polémicas y choques con el correísmo

El martes 18 de noviembre, se conoció que el exasambleísta Galo Lara asumirá el cargo de gobernador de la provincia de Los Ríos, tras la salida de Edwin Ocampo. Su regreso a la función pública ocurre en medio de los recientes cambios en el gabinete, impulsados por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de “fortalecer la gestión pública”, luego de que la ciudadanía rechazara todas las preguntas del Ejecutivo en la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre de 2025.

Lara anticipó su nombramiento en varios medios de comunicación antes de su oficialización y celebró su designación en su cuenta de X, donde afirmó que trabajará “con firmeza y transparencia”.

Reacciones en redes avivan la polémica por el nombramiento de Lara

El anuncio, sin embargo, generó reacciones inmediatas. El expresidente Rafael Correa cuestionó el nombramiento con un mensaje irónico: “Galo Lara gobernador de Los Ríos. Lástima que ya murió el Monstruo de los Andes, porque hoy sería ministro de Educación”. A esto se sumó la excandidata presidencial Luisa González, quien calificó al nuevo gobernador como “delincuente”.

La llegada de Lara al cargo revive un historial marcado por procesos judiciales y tensiones políticas. En 2014, fue extraditado desde Panamá y condenado a 10 años de prisión como cómplice del triple crimen de Quinsaloma. Años más tarde, un Tribunal de la Corte Nacional lo declaró inocente en ese caso, cerrando uno de los capítulos más controvertidos de su trayectoria.

Ahora, su retorno a la administración pública vuelve a poner estos antecedentes en el centro del debate político y social del país. 

Un historial marcado por denuncias, procesos judiciales y acusaciones de persecución política

Originario de Quevedo, Lara comenzó a ganar presencia en la escena política en 2007, cuando fue electo como asambleísta por Los Ríos bajo las filas del Partido Sociedad Patriótica, función que desempeñó hasta 2013.

Desde entonces, se convirtió en una de las voces más críticas del gobierno de Rafael Correa, presentando varias denuncias por presuntos casos de corrupción que involucraban al Gobierno del  presidente.

La polémica en torno a su figura se profundizó cuando enfrentó una serie de procesos judiciales que derivaron en su extradición desde Panamá —donde había recibido asilo temporal— y su posterior reclusión en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi.

Lara sostuvo en reiteradas ocasiones que estas acusaciones respondían a una persecución política impulsada por el correísmo.

En 2014, la Fiscalía General del Estado anunció que existía una sentencia en firme de 10 años de prisión en su contra por su presunta participación como cómplice en el triple asesinato registrado en agosto de 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos.

Años más tarde, en 2021, un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia anuló la condena y dictaminó que Lara era inocente.

Choque con el correísmo

La confrontación no es nueva. Lara, exconstituyente de Montecristi, ha sido un crítico abierto del correísmo. En declaraciones pasadas pidió que se cambien las autoridades judiciales vinculadas a ese movimiento. 

En 2011, Rafael Correa presentó una demanda por injurias contra Lara, acusándolo de afirmar que el mandatario “comandaba la corrupción desde Carondelet”

El expresidente también negó haber perseguido a Lara en el proceso de extradición desde Panamá.

En el ámbito local, la designación ha generado tanto dudas como expectativa. Para algunos habitantes de Los Ríos, su llegada podría fortalecer la presencia del Ejecutivo en la provincia debido a su trayectoria como fiscalizador. 

Otros, en cambio, alertan sobre el impacto reputacional del nombramiento, recordando su historial judicial y cuestionando el mensaje político que podría transmitir esta decisión.

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