Decenas de pensionistas y jubilados del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) se tomaron por varios minutos un tramo de la avenida Amazonas, en el norte de Quito.

En ese lugar se ubica el Complejo Judicial norte de la capital. Habían acudido a los exteriores de esa judicatura desde varias provincias del país. Querían conocer de primera mano los resultados de la audiencia de revocatoria de la medida cautelar dictada en contra del exdirector del Isspol David Proaño y la vinculación de seis sospechosos al caso de peculado que investiga la Fiscalía.

La diligencia en la que se debían evacuar los dos temas no se instaló a las 10:00 y 10:30, como estaba previsto. ¿La razón? La defensa de Jorge Chérrez, uno de los seis sospechosos que debían ser vinculados al caso de los bonos con pacto de recompra, había presentado escritos que no habían sido evacuados.

También lo había hecho Enrique Espinosa de los Monteros, el 26 de mayo; David Proaño, el 28; el Isspol el 31 de mayo, Luis Domínguez el 1 de junio. Otros ingresaron escritos hasta dos horas antes de la diligencia.

Para evitar que se aleguen vicios de nulidad, la jueza dispuso que la audiencia de revocatoria se cumpla el lunes, a las 10:00. Afuera de la sala de audiencias esperaban funcionarios de la Fiscalía con los cuerpos procesales que forman el expediente de la instrucción.

Ni bien conocieron de la fallida audiencia, los pensionistas y jubilados reaccionaron indignados y molestos. Era cerca de mediodía. Ellos ya llevaban casi tres horas en un plantón en el que expresaron su malestar ante el posible perjuicio de casi 800 millones de dólares en posibles inversiones de riesgo.

Se habían mantenido haciendo sonar vuvuzelas, silbatos y con sus pancartas y carteles rechazaban los posibles actos de corrupción que involucraban a otros pensionistas: David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros.

A gritos, a través de un micrófono que amplificaba los reclamos por un parlante instalado a un costado del Complejo, exigían sanciones y consideraban que se debía revisar las gestiones no solo de esos oficiales sino de otras administraciones de la entidad.

El caso de los bonos es uno de 12 expedientes abiertos por la Fiscalía por las denuncias de posibles anomalías presentadas por el Isspol y la Superintendencia de Compañías es la única instrucción fiscal. Los demás casos están en investigación previa: siete en Quito y cinco en Guayaquil, según indicó el director del Isspol, coronel Renato González. El oficial dijo que las investigaciones avanzan, pero no al ritmo que desearía el Isspol.

Expedientes

Operación swap

Otro expediente en investigación previa en la Fiscalía es una operación Swap ejecutada por el Instituto y que tuvo que ver con la venta de deuda interna del Ecuador. El monto de la inversión fue de 327 millones de dólares. Los papeles de esa transacción estarían en manos de las empresas de Jorge Chérrez.

Estados Unidos

Jorge Chérrez y John Luzuriaga eran dos de seis sospechosos que debían ser vinculados al expediente que investiga un posible peculado en el Isspol. Ellos son procesados en Estados Unidos por posible lavado de activos. En ese país se presentaron cargos para Luis Álvarez del Decevale.

Anchamaza

Una de las investigaciones que impulsa la Fiscalía en el caso Isspol es la que tiene que ver con la compra, con posible sobreprecio, de la hacienda Anchamaza, ubicada al sur de Quito. Según el Instituto, el predio de alrededor de 25 hectáreas habría tenido un avalúo de 3,5 millones, pero se compró en 14 millones de dólares.