Hasta 10 años de prisión para uno de los implicados en el caso Isspol. El exgerente de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), Luis Álvarez Villamar, es procesado en Estados Unidos por el delito de conspiración para cometer blanqueo o lavado de dinero.

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional le confió cerca de 693 millones de dólares en bonos del Estado (deuda interna y externa) a Jorge ‘el Mago’ Chérrez, quien habría supuestamente actuado en complicidad con exfuncionarios del Decevale, para hacer viable una operación prohibida por la ley.

Según la Corte del Distrito Sur de Florida, el proceso contra Álvarez Villamar inició el pasado 19 de mayo de 2021.

Los cargos señalan que a partir de 2014 o alrededor de esa fecha, hasta por lo menos 2019 o alrededor de 2019, en el condado de Miami-Dade, en el distrito sur de Florida y en otros lugares, Álvarez Villamar combinó, conspiró, confederó y estuvo de acuerdo con otros conocidos y desconocidos, para cometer el delito.

La Corte señala que violó el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, es decir, comprometerse e intentar deliberadamente participar en una transacción monetaria por, a través y para una institución financiera, que afecte al comercio interestatal y extranjero, en propiedad criminalmente derivada de un valor superior a 10.000 dólares.

Ese dinero se ha derivado de una actividad ilegal especificada, en violación del Título 18 , Código de los Estados Unidos, Sección 1957. Se alega además que las actividades ilegales especificadas son: violaciones graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Álvarez Villamar salió el 29 de septiembre rumbo a Estados Unidos. En septiembre del año pasado fue separado con visto bueno del Decevele, entidad que está intervenida por la Superintendencia de Compañía y por la Fiscalía, debido a que custodiaba valores que no le estaban permitidos entre sus atribuciones.

Según la Superintendencia, no hay evidencia de que exista un contrato que le permita al Decevale brindar servicios de custodia de negociaciones celebradas en mercados bursátiles en el extranjero, por lo tanto, no podía emitir certificaciones de aquellos valores a través del detalle de compensación del portafolio del Isspol.

Álvarez Villamar era mencionado en un informe de auditoría forense como parte de un grupo de exfuncionarios de dicha entidad que se habrían confabulado con Jorge Chérrez Miño para realizar operaciones fraudulentas con dineros del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

En días pasados, la misma Corte de EE. UU. negó el pedido de revisión para que tanto Lafise como Citibank entreguen la documentación respectiva. El objetivo es que el Decevale pueda conocer la ruta del dinero.

La misma defensa del caso Capaya

Luis Álvarez había contratado al estudio americano de Paul Petruzzi.

Petruzzi fue abogado de Arturo Escobar Domínguez, quien fue asesor de Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya) en Petroecuador y quien reconoció ante la Corte del Distrito Sur de Florida que formó parte de un esquema ilegal en el cual varios funcionarios de la estatal petrolera y del Gobierno ecuatoriano usaron empresas offshore para esconder coimas otorgadas por contratistas de Petroecuador.