Dicen que son minoría pero existen. En ellos se ha evidenciado ligereza, negligencia, falta de acuciosidad, descuido, apresuramiento desmedido sin mediar la omisión de ciertas formalidades que, en suma, hacen incomprensible cualquier acto.

Así interpretan juristas consultados por EXPRESO a las reformulaciones de cargos, retiro de acusaciones, anulación de casos en audiencia preparatoria, con sentencia o en apelación, considerados como ‘traspiés’ para la Fiscalía en 2019.

El exfiscal de Delitos Aduaneros, Fernando Lara, señala que esas situaciones se presentan por inexperiencia y ligereza en las investigaciones. Añade que es sobre todo porque la propia Fiscalía “se sometió a una presión innecesaria por pedir prisión preventiva sin haber investigado el caso, se somete a una camisa de fuerza del plazo de la instrucción fiscal sin haber investigado como corresponde en el sistema oral y ahí las consecuencias”.

El último caso fue el del consejero de Participación Ciudadana David Rosero. En mayo de 2015 él y dos maestros fueron señalados por un posible delito de ataque y resistencia. El martes, en su primera intervención en el juzgamiento de Rosero, el fiscal subrogante Wilson Toainga ofreció al tribunal que probaría que los sospechosos eran autores directos.

Pero, un día después, en sus alegatos finales, no acusó a Rosero. Justificó que el aludido estuvo por coincidencia en el sitio y que no opuso resistencia al cumplimiento del allanamiento al Fondo de Cesantía del Magisterio en Imbabura. Los jueces ratificaron la inocencia de los procesados.

El de Rosero es solo uno de los casos. El 5 de diciembre de 2019, la fiscal Diana Salazar se abstuvo de acusar a la exasambleísta correísta Sofía Espín y a Yadira Cadena, una de las abogadas del expresidente Rafael Correa, investigadas desde octubre de 2018 por una posible oferta de tráfico de influencias en el caso del secuestro al activista Fernando Balda.

“A diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”, fue la justificación de la fiscal.

En recientes casos, como en el de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, el delito de rebelión, inciso 4, que investigaba el fiscal de Pichincha Alberto Santillán, en el contexto de las protestas de octubre de 2019, fue reformulado a rebelión sin agravantes.

Los casos de la Contraloría, abiertos por el incendio y la toma de sus instalaciones, que buscaban posibles actos de terrorismo, también tuvieron que ser reformulados.Y en el caso de los ciudadanos venezolanos detenidos en el aeropuerto, ninguno recibió acusación.

El exjuez Luis Fernández pide tomar en cuenta que la Fiscalía es un ente compacto que para iniciar la acusación fiscal necesariamente debe sustentarse en informes como la Contraloría. Justifica que las investigaciones se han caído porque desde los entes que deben contribuir con informes “han estado mal hechos, que permiten a los abogados ante la autoridad, desestimarlos”. Reconoce que si bien es cierto en la Fiscalía se han cometido algunos errores pero también ha tenido grandes aciertos.

“La fiscal Salazar ha actuado con objetividad, valentía en casos como Arroz Verde y otros que ha llevado a que sean juzgadas personas que ni siquiera se imaginaba”, dice Fernández. Pero acota que se debe mejorar.

El abogado y catedrático Felipe Rodríguez dice que los ‘traspiés’ se ven más en casos públicos. “En casos sin prensa no ocurre porque fiscales y abogados conocemos tan bien el procedimiento que es imperdonable cometer errores”.

Añade que, en los casos mediáticos, los fiscales quieren lucirse y se arriesgan, pensando que todos los jueces, también presionados por el público y la opinión pública, se harán de la vista gorda. Destaca que “lamentablemente ante el apuro, falta de prolijidad y ánimo de entregar al país un populismo penal, en gran cantidad de casos, quiebran a los jueces”. Precisa que los casos que no prosperan son la minoría, “es decir, la minoría de casos en que los jueces no se dejan presionar”.

Edwin Romero es el defensor de la familia del comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez asesinado el 30 de septiembre de 2010 durante la salida del expresidente Rafael Correa del hospital de la Policía.

El proceso que investigaba a dos militares por la presunta autoría de esa muerte fue anulado por supuestos errores del exfiscal Fabián Salazar, según señaló la jueza Ximena Rodríguez, quien llamó la atención del exfuncionario.

Romero cree que el problema que hay en la Fiscalía es que para formular cargos y tipificar el tipo penal no se basan en los hechos delictuosos o en los elementos de convicción que constan en el proceso. “Lo que hacen algunos fiscales es formular cargos mediante concurso real de infracciones, que puede ser la formulación de cargos por tres tipos penales y el que le resulta mejor lo sostiene para realizar una acusación fiscal, sea en la etapa intermedia o de juicio”, considera.

La madre de Romo también se queja

Los abogados citan ejemplos de supuestas actuaciones negligentes de los fiscales. Edwin Romero, patrocinador de la familia Jiménez considera reprochable que algunos formulen cargos, y al no encontrar elementos suficientes, tengan que vincular a personas para ganar 30 días para tratar de recolectar más indicios. Claro, si la suerte los acompaña.

En el propio caso Jiménez asegura que primero investigaban homicidio, luego formularon cargos por ejecución extrajudicial, reformularon cargos por asesinato; y “la propia Fiscalía termina pidiendo auxilio al juez de Garantías Penales que se declare la nulidad”.

Alexandra Córdova, madre del estudiante David Romo, desaparecido hace seis años, dice que la actuación de la Fiscalía “resumiría en una palabra: negligente”. Cuenta que los investigadores tuvieron todo para dar con el paradero de su hijo. “Sin embargo omitieron su deber. Hace seis años me pidieron aceptar el proceso penal de robo para ganar tiempo en la investigación”. Pero revela que en la actualidad volvieron a hacer lo mismo al darle dos procesos, sin un lineamiento lógico y con los mismos personajes. Ella considera que no pueden ser los mismos investigándose, “no pueden ser juez y parte”.

El abogado guayaquileño Aníbal Quinde opina que cada caso tiene una particularidad. “Diferenciando la contaminación política que puedan tener, estos adolecen de ligereza en cuanto a la acusación”, opina.

A su criterio, en algunos casos hay indicios que demuestran un hecho, pero este no se subsume en la norma. En otros casos existe un hecho subsumible en la norma, pero no tiene elementos que justifiquen ese hecho. Puntualiza que, entonces, tardíamente se dan cuenta de que los casos no soportarán una contradicción y es cuando constituye la debacle para el proceso penal.